Quitémonos la venda

El 20 de noviembre, día en el que se inaugura el Mundial de Fútbol, se cumplen 33 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce a niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir y crecer libres de todo tipo de violencia. Lamentablemente, al igual que el marcador de goles, en el Perú el registro de casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes también seguirá sumando puntos.

En los últimos cinco años se han reportado alrededor de 30 casos diarios. Es decir, más de uno por hora, más de uno por región. Esta cifra solo muestra la punta del iceberg del problema, porque la gran mayoría queda sin reportarse ante la autoridad, sin admitirse en el seno de la familia, sin contarse a las personas de confianza, porque contarlo o denunciar en el 70% de los casos significa develar que el padre, el padrastro, el tío, el abuelo o el maestro, es el agresor; es decir, un hombre conocido y cercano a la víctima.

En el Perú este delito se da en los espacios en los que chicas y chicos deberían estar y sentirse más protegidos: el entorno familiar, escolar, comunal o de instituciones que frecuentan con regularidad. El 92% de las víctimas menores de edad son niñas y adolescentes mujeres. El 33% de ellas tiene entre 0 y 11 años y el 67%, entre 12 y 17. Los niños y adolescentes varones también están expuestos a la violencia sexual, pero, a la inversa de las chicas, este riesgo disminuye conforme van creciendo. El 70% de las víctimas varones registradas tiene entre 0 y 11 años y el 30%, entre 12 y 17 años.

¿Qué lleva a un hombre a agredir sexualmente a un niño o niña con quien comparte la mesa, los afectos y en muchos casos hasta lazos de sangre? No es un deseo sexual exacerbado, ni insania mental. Es la necesidad de demostrar y ejercer poder, una situación muy común en sociedades donde el dominio masculino sobre la mujer, los niños y las niñas está normalizado y es alentado.

Ya en el 2011 el “Informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas” de Paulo Sergio Pinheiro advertía que las consecuencias de la violencia pueden ser devastadoras y recordaba que, para enfrentarla, los Estados tienen la responsabilidad primaria de prevenir y responder a la violencia, lo que implica actuar desde todos los sectores y en todos los niveles.

La prevención es una tarea que nos convoca a todas las personas e instituciones, y todas y todos tenemos y podemos hacer algo. El precio de no hacerlo es muy alto y se ve reflejado en la salud mental, en las maternidades tempranas, en la reproducción de la pobreza y en los altos costos para el país.

Según reportes del Minsa, el año pasado el abuso sexual fue el cuarto problema más frecuentemente atendido en consultas externas de salud mental adolescente y, de acuerdo con el Reniec, entre los años 2017 y 2021 nacieron más de 11.000 niños hijos de madres menores de 14 años y padres adultos; es decir, hijos de la violencia sexual. Estos son solo dos datos que nos retratan la magnitud de un problema que no tiene solución en la sanción, sino en la prevención.

El Perú no puede permitirse seguir perdiendo el partido que se juega día a día frente a la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia. Fundamental es reconocer que el problema está en casa, en el seno de la familia y la sociedad, y en el estilo de educación y crianza. #QuitémonosLaVenda.