Vacunagate, un año después*

En febrero del 2021, después de la denuncia del entonces presidente Francisco Sagasti sobre el “vacunagate”, se inició una campaña de desinformación mediante titulares como: “Fueron 487 los funcionarios que recibieron vacunas de forma irregular de Sinopharm” (“Gestión” y otros medios, 15/2/2021). La infundada acusación desató un linchamiento mediático que no dudó sobre la culpabilidad de los acusados. Todos los funcionarios, incluyendo los que consiguieron las vacunas, fueron inmediatamente retirados, denigrados y sometidos a viciados procesos administrativos.

Ahora, habiendo inmunizado a más del 80% de nuestra población y sentado las bases para el reinicio de las clases y la reactivación económica es posible refutar varias de las falsedades lanzadas.

Primero, el Estado cumplió. Alcanzó la meta de conseguir las vacunas necesarias para inmunizar a nuestra población adulta en el 2021 y, con ello, demostró anticipación –la Cancillería, evidenciando sentido de urgencia y liderazgo, desde abril del 2020 inició la búsqueda de fuentes extranjeras de vacunas–, gestión –conformó una Comisión Mutisectorial y coordinó con los sectores público y privado nacionales y extranjeros a fin de participar en un difícil mercado oligopólico–, eficiencia –se resolvió el principal problema del país al culminar el 8 de febrero del 2021 con la adquisición de 48 millones de buenas vacunas necesarias para inmunizar al 100% de nuestra población adulta (el Minsa firmó contratos con el Mecanismo Covax el 17/9/2020; con AstraZeneca, el 31/12/2020; con Sinopharm, el 5/1/21; y con Pfizer, el 8/2/2021)–, y previsión –se avanzaron las coordinaciones para seguir adquiriendo más dosis–. Este exitoso resultado fue producto de un intenso trabajo y de buenas decisiones en base a criterios científicos y pragmatismo.

Segundo, se ha confundido el ensayo clínico privado con la vacunación. El ensayo es el experimento que busca conocer la seguridad y eficacia de una potencial vacuna. La vacunación, en cambio, es su uso masivo luego de comprobada su calidad y con autorización de la Digemid. Como en el ensayo no existe certeza sobre la eficacia de la dosis experimental, se aplica a un reducido grupo de voluntarios (por eso era imposible aplicarla a nuestro personal de primera línea). El ensayo es resultado de un contrato privado. La propiedad y administración de las dosis experimentales correspondió a una institución privada. La vacunación es una política pública: el Estado es el propietario de las vacunas y se encarga de su administración.

No existió “vacunación irregular”. Hasta diciembre del 2020 no existieron vacunas en el mundo, por lo que una vacunación entre setiembre y diciembre era un imposible material. En el ensayo de Sinopharm no se usaron vacunas; se emplearon dosis experimentales para ser administradas voluntariamente a los investigadores y al personal relacionado al estudio. El protocolo del ensayo fue autorizado por el INS (supervisado al menos siete veces) y aprobado por el Comité Nacional de Ética. La justificación ética de este tipo de casos ha sido aceptada internacionalmente. Al carecer de sustento científico y legal, la expresión “vacunación irregular” referida al ensayo responde a una coyuntura política (“Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos”, CIOMS y OMS. 2016, pp. 83-87).

Al poner dosis experimentales a disposición de los equipos encargados de la lucha contra la pandemia en Cancillería y el Minsa, así como a su entorno cercano, los investigadores responsables del ensayo eran conscientes de la prioridad nacional que significaba la urgente adquisición de las vacunas por encima de cualquier interés personal. La parte peruana jamás solicitó la posible protección; fue interés del laboratorio a fin de disminuir los riesgos de posibles contratiempos.

No existió perjuicio al Estado Peruano porque el ensayo no comprendió bienes públicos ni afectó política pública alguna. Pero permitió contar con una base científica para sustentar la autorización del primer millón de vacunas para nuestro personal de primera línea. Nadie del personal del ensayo se saltó turnos ni tuvo conflicto de intereses.

Entonces, ¿cuál fue el origen del escándalo? Lamentablemente, en el ensayo clínico también se inoculó a personas no vinculadas al estudio, lo que provocó una justificada indignación y el equipo de investigación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH) ha pedido disculpas reiteradamente por los errores cometidos.

Pese a ello, y habiendo alcanzado el objetivo nacional, es claro que los funcionarios encargados de conseguir las vacunas actuaron en favor del bienestar colectivo y dentro de la ley, pero fueron víctimas de acusaciones infundadas con las que se violaron sus derechos fundamentales.

Mi reconocimiento a los funcionarios del Minsa, directivos e investigadores de la UPCH y a mis colegas de Cancillería de cuya integridad y entrega fui testigo.

*El autor fue inoculado con dosis de Sinopharm como parte del ensayo clínico de la UPCH.