Lamento boliviano

En Bolivia, el gobierno ha anunciado que tomará el control de los fondos privados de pensiones a mitad de año. No es ninguna sorpresa; es solamente la culminación de un proceso iniciado en el 2010, cuando se aprobó la ley de estatización del sistema privado de pensiones. Las AFP siguen administrando los fondos hasta ahora porque la Gestora Pública, la entidad que debe reemplazarlas, recién comenzó a funcionar el año pasado. Lo único bueno que puede decirse de la estatización es que se está demorando tanto en concretarse (aunque ni siquiera eso sea tan bueno).

El momento para concretarla es oportuno… para el Gobierno Boliviano, al menos, cuyos déficits fiscales han promediado casi 10% del PBI en los últimos cuatro años y se espera que bajen nada más que a 7% del PBI en los próximos cinco. Los activos administrados por las AFP equivalen al 50% del PBI, suficientes para financiar siete años de indisciplina fiscal. Pero no hay de qué preocuparse: las autoridades le han asegurado al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inversión en bonos gubernamentales será una decisión discrecional de la Gestora Pública. Obviamente. ¿Cómo podría ser de otra manera?

La tentación para los políticos, lamentablemente, es demasiado grande. Siempre hay una obra que el pueblo necesita, una brecha que cerrar y una foto que tomarse, sobre todo, que justifican echar mano de los fondos de los afiliados, aunque la inversión sea antieconómica. Tarde o temprano, el financiamiento a gran escala de los déficits fiscales carcomerá el ahorro de los trabajadores. La Gestora Pública podrá tener toda la discrecionalidad del mundo para elegir sus inversiones, pero el gobierno tendrá siempre una discrecionalidad mayor, que es la de elegir a los gestores.

La gente se olvida –los más jóvenes quizá nunca lo supieron– por qué fue necesario reformar la seguridad social hace 30 años y crear los sistemas privados de pensiones. Se pueden discutir las ventajas y desventajas del sistema público frente al privado desde el punto de vista puramente técnico, pero lo que es indudable es que el sistema público termina convirtiéndose en un apéndice del fisco. El fisco es, después de todo, el garante de las pensiones del sistema público (aunque en la práctica parece ser, más bien, al revés).

Los efectos nocivos de la estatización en el sistema de pensiones boliviano no han esperado que el proceso se complete. Ya en el 2021 las AFP agregaron cerca de US$1.500 millones de activos estatales a sus portafolios de inversión, un 3% del PBI. El FMI calcula que entre 30% y 40% del déficit fiscal está siendo financiado por los fondos de los afiliados, a tasas de 4% a 5% en pesos bolivianos, apenas por encima de la inflación. Pero ese no es el único problema. La rentabilidad de los fondos ha venido cayendo en los últimos 15 años debido a las restricciones impuestas por la regulación. No más del 10% puede ser invertido fuera del país. Alrededor del 70% está invertido en bonos del gobierno y depósitos a plazo en bancos bolivianos. Ese porcentaje aumentará, seguramente, y la rentabilidad seguirá bajando cuando se complete la estatización.