El 78,27% de los votos aprobó el proceso constituyente en , eligiendo a 155 convencionales, reservando asientos adicionales para pueblos indígenas e “independientes”, participación esta última carente de electorado al que rendirle cuentas.

La Convención Chilena le entregó el borrador de nueva –aún sin preámbulo ni disposiciones transitorias– a la Comisión de Armonización. Leído con detenimiento, contiene 499 artículos y resultaría posiblemente la Constitución más extensa y engorrosa en la historia de un país libre de la región.

El Estado, omnipresente, sobredimensionado y conformado por múltiples instituciones e instancias, garantiza un casi inacabado universo de derechos y desconoce la iniciativa privada como fuente principal de creación de la riqueza; ergo, de impuestos. El Estado posee “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional”.

En febril entusiasmo estatista, el borrador subraya: “El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres”. Me pregunto, ¿pueden existir ferias no libres en un mundo libre? ¿Qué condiciona la libertad de una feria y qué características debería de tener una feria para ser libre?

Resulta evidente que los convencionales han abusado del papel por cuanto parecen confundir conceptos de lo que debiera ser una correcta, conceptual, coherente, correlacionada, ordenada y secuencial redacción constitucional.

Por ejemplo, definen a Chile como “Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”. La interculturalidad es una realidad que debemos reconocer y practicar, pero el Estado no es intercultural. Tampoco es ecológico; debe preservarse la riqueza ecológica, que no es lo mismo. En otra parte, encontramos a un Estado regional y plurinacional y, más adelante, a uno plurilingüe. El borrador incorpora un inciso tercero sin que lo preceda un segundo y un primero y más; la inexperiencia es cara.

La presidenta o el presidente –todo el texto reza así– goza de una prerrogativa cuyos antecedentes constitucionales comparados desconozco. Puede ser un ave viajera por cuanto solo necesitaría de un acuerdo para ausentarse del país por más de 30 días.

Algo parecido sucede con los diputados y con los representantes regionales que también pueden salir del país hasta por 30 días sin permiso. Así, la novel casta política podría viajar 28 días, regresar y volver a tomarse un avión, un posible divertimento y ociosidad de nula utilidad.

Suprimido el bicentenario Senado, el poder legislativo se compone de la Cámara de Diputadas y de Diputados con amplias facultades y de una Cámara de las Regiones que no puede fiscalizar los actos del gobierno y que concurre en extensas materias políticas, institucionales y territoriales.

El lenguaje constituyente abunda sobre la abundancia, es claramente sexista siendo el feminismo moneda corriente. La democracia paritaria proyectada explicita que el Estado “reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas”, y así sucesivamente introduce creativas aproximaciones conceptuales en asuntos sencillos de denominar. Millones de electores deberían acudir a varios diccionarios para interpretar lo que van a votar.

Igualmente, el proyecto se enreda en dispositivos burocráticos que imposibilitarían gobernar, legislar, fiscalizar y administrar justicia con eficiencia y eficacia, más aún si cumplidos los 18 años los chilenos pueden ser electos diputados o representantes regionales. Resulta clara la intención de captar electores sin más experiencia que la propia de su edad al convertirlos en elegibles. En adición, el borrador faculta a votar a partir de los 16 años, clientelismo sin barnices del proyecto poco magno de constitución.

Situándose en la antítesis de la vigente, la Convención ha aprobado con dos tercios un borrador que incentiva una inmensa dependencia estatal y empobrecimiento, dado que, dirigido con vocación clientelista, el Estado fomentaría adultos minusválidos. El señor presidente de Chile habría adelantado su conformidad y, de ganar el sí por mayoría simple el 4 de setiembre próximo, conocerá la cruda diferencia entre liderar protestas y gobernar.

Javier González-Olaechea Franco Doctor en Ciencia Política, experto en gobierno e internacionalista

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