Persecución judicial, por Alfredo Torres

A raíz del pedido de asilo de Alan García a Uruguay, sus más encarnizados defensores han sostenido que este se justifica porque en el Perú hay persecución política. Se ha llegado a decir que “vivimos en un totalitarismo que [...] utiliza a la justicia para perseguir a los opositores” y que el país vive “un estado de odio político, polarización y violencia extrema”.

Felizmente, casi todos los analistas peruanos y observadores internacionales que se han pronunciado sobre el tema han coincidido en sostener que en el Perú no hay persecución política, a nadie se lo persigue por sus ideas. El presidente Martín Vizcarra ni siquiera tiene una bancada parlamentaria sólida ni mucho menos operadores en el Poder Judicial, como sí lo llegaron a tener en su momento el Apra y el fujimorismo. La acusación de que el gobierno persigue políticamente a sus opositores por la vía judicial es tan absurda que se cae por sí sola.

Otros analistas han sostenido que, si bien en el Perú no hay persecución política y hay evidente separación de poderes, sí hay una persecución judicial y periodística. En este caso, la crítica es para la gestión de determinados fiscales y jueces, así como de los medios de comunicación. El problema con este argumento para Alan García es que el presidente Tabaré Vázquez no podría justificar ante su país y ante la comunidad internacional que le brinda asilo para protegerlo de los jueces y la prensa.

En todo caso, la supuesta persecución judicial-periodística no sería solo contra Alan García. Antes de dictaminarse impedimento de salida del país para él, Ollanta Humala y Nadine Heredia sufrieron prisión preventiva; Keiko Fujimori y diversos gobernadores y ex gobernadores de diferentes tendencias sufren ahora similar medida cautelar; Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y otros políticos, el congelamiento de sus bienes y la prohibición de salir del país; por no hablar de Alejandro Toledo, que está con orden de captura internacional. Si la Embajada de Uruguay concede asilo a García, debería prepararse para acoger también a los demás políticos investigados.

Lo que sí existe son críticas de diversos sectores al abuso de la prisión preventiva cuando existen otras alternativas como la detención domiciliaria con grillete electrónico, que debería aplicarse a todos los inculpados con riesgo de fuga que no hayan sido acusados por hechos de violencia. Si la ley vigente requiere algún ajuste para que esto sea posible, está en manos del Congreso resolverlo.

También se discute sobre el grado de responsabilidad penal que les corresponde a los políticos que recibieron donaciones de campaña y no las declararon, una vieja y mala práctica en la que han incurrido casi todos los partidos y candidatos en el Perú y en el mundo. Para algunos fiscales y jueces severos, esta práctica constituye lavado de activos; para otros, no lo sería. Los casos llegarán seguramente a la Corte Suprema. Nuevamente, los congresos de los últimos años fueron los que aprobaron las leyes con las que están siendo juzgados sus líderes, no son leyes promulgadas por un gobierno “totalitario”.

El problema más grave no son los aportes para las campañas. Es la fundada sospecha de que quienes fueron gobierno recibieron coimas millonarias para otorgar proyectos a Odebrecht y a otras empresas, las que, a su vez, se beneficiaron luego con jugosas adendas a sus contratos que superaban varias veces el monto pagado por la coima con lo que, además, el Estado Peruano fue el que terminó sufragando los costos de esa millonaria corrupción.

El caso más conocido de esta corrupción es el de Toledo. La fiscalía lo acusa de haber recibido un soborno de US$20 millones de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica. El dinero lo habría recibido a través de su amigo Josef Maiman e ingresado a sus cuentas y a las de Eliane Karp a través de su empresa Ecoteva. Su extradición está en manos del sistema de justicia estadounidense. Dicho sea de paso, Toledo fue el primero en pretextar “persecución política”.

En el caso de Alan García, la sospecha más seria que pende sobre él es que habría recibido una coima elevada de Odebrecht por el metro de Lima. Según declaró el ex director de contratos de Odebrecht Carlos Nostre, los sobornos pagados por el metro de Lima en el gobierno de García ascendieron a US$24’386.000. Sin embargo, las coimas recibidas por los funcionarios de ese gobierno que están detenidos ascienden a US$10 millones, con lo que hay más de US$14 millones cuyo beneficiario no ha sido identificado.

Existen, entonces, sobradas razones para una profunda investigación judicial y para la indignación ciudadana que recogen la prensa y las encuestas. Es verdad que los fiscales y jueces involucrados pueden cometer errores como consecuencia de la presión popular o sus propios prejuicios, pero para eso existe en el Perú un Estado de derecho con varias instancias. En ningún caso puede hablarse de persecución política y, por eso, el asilo carece de todo fundamento.