Cinco temas que queman

Ingratitud con los bomberos: el incendio más complicado y duradero que se recuerda ha sido enfrentado por los bomberos con dedicación y sacrificio. Han dado todo lo que podían y puesto el pecho cuando unos y otros se escondían para no perjudicarse, incluido el ministro del Interior que “olvidó” que los bomberos son parte de su sector y se quedó en Europa. Más grave aún, hay una enorme deuda de los gobiernos con quienes no cobran un centavo por su trabajo y lo único que piden es equipamiento adecuado.

La pirámide de Kelsen: entre lo primero que aprende un estudiante de Derecho es que las normas tienen jerarquía una sobre otra. Así, la Constitución prima y ninguna ley la puede modificar. Hasta en el Congreso saben eso. Aun así, aprobaron una ley que le otorga a la policía la conducción de la investigación penal. Ello, pese a que el artículo 159 que precisa las atribuciones de los fiscales es inequívoco: “Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”.

Ahora resulta que la que actúa fuera de la legalidad es la fiscal de la Nación por no aplicarla y en el Congreso le han hecho una denuncia constitucional (otra más). El Ejecutivo se suma con entusiasmo, apoyando una propuesta de la ley para “reformar” el Ministerio Público. No seamos ingenuos; lo que se busca es impunidad para las múltiples investigaciones contra la presidenta, su entorno y un gran número de congresistas.

¿Un topo en la Junta Nacional de Justicia?: Muy grave la denuncia del programa “Punto final”. Se descubre que uno de los magistrados, Rafael Ruiz, ocultó una condena de tres años de prisión por prevaricato. Por lo que, de acuerdo a la ley que rige a la JNJ, aun con pena cumplida y resocialización asumida, tiene prohibido ejercer esa función. ¿Cabe preguntarse si alguno de los electores sabía de su situación? Ahora lo único que cabe es hacer un rápido proceso para destituirlo, reemplazarlo por el suplente y denunciarlo penalmente.

El ministro símbolo: pocas veces alguien resume mejor el momento político como ahora lo hace Juan José Santiváñez. Por un lado, es totalmente funcional a las necesidades de protección frente a la justicia de la presidenta tornándolo inamovible, pese al marcado deterioro de la seguridad y el abultado número de denuncias que lo adornan. Lo mismo se da en el Congreso que, pese a los hechos descritos, ni siquiera se admite a debate una moción de censura en su contra. Pero, a la vez, es hiperrepresentativo del escuálido apoyo para el poder político. Ipsos registra 4% para la presidenta, 7% para el Congreso, y para el aludido, 6%. En su caso, además, solo el 3% considera que durante su gestión la inseguridad se ha reducido.

Lo que busca Pedro Castillo: su abierta rebeldía en el juicio por el golpe busca deslegitimar cualquier condena y, si cambian los vientos, conseguir un indulto. Otro objetivo es lograr inscribir su partido (muy improbable) y, si no hay aún sentencia, postular a la presidencia. O, si no lo inscribe y su estrategia de dilación es exitosa, ir como invitado del partido de Guillermo Bermejo, como cabeza de la lista de senadores y levantar esa feble candidatura. Muchos supuestos deben cumplirse, pero, de ser el caso y con más de 40 candidatos, podríamos tener sea a Castillo o a Bermejo en la segunda vuelta, y, si la otra es Keiko Fujimori, la pradera podría arder de nuevo.