A fondo con el fondo

Las enfermedades de alto costo son un problema de salud pública en el Perú. Fundamentalmente, hablamos de las enfermedades neoplásicas –la principal causa de muerte prematura en el país– y las enfermedades raras y huérfanas, con baja cobertura financiera.

En el Congreso de la República, hay dos iniciativas legislativas que proponen crear y gestionar un fondo de alto costo para el Perú: los proyectos de ley 1378/2021 y 3407/2022. El primero plantea implementar el fondo nacional universal en salud de alto costo (Fonsalud), que garantice la cobertura financiera universal para el diagnóstico y los tratamientos de enfermedades de alto costo a la población en general. El segundo propone crear una cuenta nacional de alto costo en salud (Cunasa) que administre fondos de aseguramiento en salud que cubran el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de este tipo. Estas iniciativas se dan en un contexto donde, a pesar de que el 98% de los peruanos estamos nominalmente asegurados, los seguros públicos existentes –SIS y Essalud– no protegen con oportunidad a sus asegurados.

Desde Videnza Consultores evaluamos ambas propuestas en un estudio* donde aplicamos la metodología de análisis costo-beneficio. Entrevistamos a diferentes actores del sistema de salud, y revisamos documentación y normativa de cada uno para analizar los dos proyectos de ley a corto y largo plazo. Examinamos los fondos existentes en otros países de la región. Y concluimos que ambas iniciativas congresales presentan mayores beneficios en el largo plazo.

En el corto plazo, sí encontramos más costos por los esfuerzos técnicos, económicos y políticos que significa implementar un fondo de este tipo, específicamente para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Essalud y el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal). Para el MEF, implica incrementar el financiamiento y lidiar políticamente con otros actores que pueden percibir una afectación a sus presupuestos. Para Essalud, significaría un mayor esfuerzo calcular su riesgo, por el actual modelo integrado de financiador y prestador, y también un peligro, en caso de que algunas patologías de su actual cobertura no sean consideradas. En cuanto al Fissal, la implementación del fondo llevaría a su reestructuración.

En el largo plazo, identificamos una mayor cantidad de actores beneficiados: Ministerio de Salud (Minsa), Seguro Integral de Salud (SIS), el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud de las Fuerzas Armadas, la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), la Red Oncológica, la red de prestadores del Minsa y gobiernos regionales, las sanidades y, muy especialmente, la población que se enferma y demanda servicios de alto costo. Para los pacientes, significaría la posibilidad de tener acceso a un tratamiento y tecnologías sanitarias oportunas ante una enfermedad tan desgarradora como costosa. Este fondo sería un gran avance para la ciudadanía.

Para que el fondo sea viable económicamente, proponemos, como primera medida, establecer un mecanismo de reaseguro. Uno que, a corto plazo, sea de tipo proporcional ‘stop loss’ como medida de protección financiera para asegurar la disponibilidad de los recursos. Es decir, que tenga un tope máximo de cobertura. A mediano plazo, que sea un fondo que migre hacia un modelo donde las aseguradoras (SIS, Essalud, entre otras) asuman una parte inicial del riesgo. Este escenario generaría incentivos a las aseguradoras para implementar programas de prevención y promovería la sostenibilidad del sistema de salud.

Según nuestros cálculos, para lograr la cobertura financiera requerida que demanda la población peruana, el fondo deberá contar con S/5.184 millones. De ese total, el 64% está destinado a atender los siete tipos de cáncer que cubre el Fissal. Actualmente, el Estado y Essalud ya invierten S/3.214 millones. Por eso, la brecha de financiamiento del fondo hoy sería de S/1.970 millones aproximadamente. Para cerrarla, y garantizar así la cobertura financiera del fondo, podríamos pensar en un aumento del gasto total destinado al alto costo en 10% anual, al margen de si los fondos provienen del presupuesto público o de contribuciones de Essalud y las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud de las Fuerzas Armadas, con lo que la brecha se cerraría en cinco años, en el 2028.

A nuestro juicio, unificar ambos proyectos de ley en un texto único que incorpore lo mejor de ellos, así como establecer condiciones mínimas para su implementación, sería lo óptimo. También rescatar la experiencia acumulada en el Fissal, abordar la necesidad de desarrollar capacidades en los equipos que gestionarán el fondo, contar con datos a partir del uso de tecnologías de la información y realizar estudios actuariales y de impacto presupuestal para estimar el tamaño del riesgo que asumiría el fondo.

La implementación de una iniciativa de este tipo en el Perú representaría una ganancia para el sistema de salud en su conjunto, a pesar de los costos iniciales de su puesta en funcionamiento. Contribuiría a disminuir la fragmentación entre los sectores y marcaría el punto de inicio para un proceso de reforma integral del sistema de salud que garantice una atención oportuna y mitigue los gastos catastróficos.

Que la agenda política inmediata no nos haga perder de vista que hay temas de fondo que, como país, necesitamos abordar. Este es uno de ellos.

*La investigación contó con el apoyo de KeroLab.