Más inteligencia, menos interés

Por alguna razón, los peruanos (y los latinoamericanos, creería) tenemos instalado un chip: la solución a los principales problemas sociales está en la ley, en su alcance y rigurosidad, antes que en la interpretación y aplicación de esta; o en la forma en la que el Estado y la comunidad se organizan para revertirlos.

Grave error, a mi juicio. El enfoque debería ser exactamente el contrario: priorizar los planes, procesos y la gestión antes que la normativa. Las leyes en el Perú brillan por su exceso y la maraña sobrerregulatoria es un lastre.

Puesta la mira en el desborde de la inseguridad y el crimen que padecemos con cada vez más intensidad y riesgo, volvemos a las soluciones de papel: que si hay o no terrorismo urbano, que si elevamos las penas, etc.

Pensemos: en el momento más crítico de nuestra viabilidad como país, el pico del terrorismo, ¿qué factores estratégicos nos permitieron derrotar y aislar a esa lacra en el terreno de los hechos? La inteligencia, el uso de equipos de élite de la PNP, los operativos ad hoc, una población que, pese al temor, se organizó y se alió con el Estado contra el enemigo común.

La criminalidad es un enemigo diferente, cierto; sin embargo, los matices no son tantos como para no concluir que la vía correcta es la que ya nos funcionó. ¿Por qué no repetirla? ¿Qué hace falta para (salvando e incorporando las diferencias) ponerla en marcha? ¿Recursos? Existen. ¿Voluntad política? Una incógnita. ¿Capacidad y liderazgo? Otra incógnita.

No obstante, y haciendo una excepción respecto de mi convicción de que la solución principal no está en las normas, lo que no puede ocurrir es que estas terminen jugando a favor de los criminales. Y aquí es donde tiene que haber un correcto balance.

Por ejemplo, así como es una completa barbaridad exigir la presencia del abogado del investigado en los casos de los operativos sorpresa, resulta demencial que un fiscal postule que entre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su asistente y su chofer, se conformó una organización criminal. También existen casos de empresas formales y cumplidoras plenas de la ley amenazadas por pedidos fiscales de pérdida de dominio o administraciones judiciales; es decir, el abuso y/o el sesgo antes que la verdad.

La normativa anticriminalidad tiene que sostenerse en evidencia, proporcionalidad y el debido proceso antes que en intereses subalternos de políticos en riesgo de cárcel.

Exijamos evidencia, inteligencia y sentido común.