Cuando el crecimiento económico se queda corto

El Índice de Progreso Social Mundial 2026 vuelve a colocar al Perú frente a una realidad estructural incómoda: el país ocupa nuevamente el último lugar en progreso social dentro de la Alianza del Pacífico y se sitúa entre los lugares más bajos de América Latina. En un año marcado por elecciones presidenciales y congresales, este resultado es un espejo que refleja una desconexión entre el crecimiento económico sostenido de las últimas décadas y el bienestar social y la calidad de vida de millones de peruanos.

El Perú ha crecido. Ha atraído inversión, ha expandido sus exportaciones, ha mantenido una fortaleza macroeconómica que muchos países de la región envidian. Pero crecer no siempre significa avanzar. Y el progreso social nos recuerda, con crudeza, que una economía puede expandirse mientras la calidad de vida se estanca, la confianza en el estado se erosiona y el desencanto social se acumula silenciosamente hasta expresarse en las urnas.

Durante los últimos 25 años, el posicionamiento internacional del país se ha evaluado casi exclusivamente desde la lógica de la competitividad tradicional: inversión extranjera directa, exportaciones primarias y no tradicionales, estabilidad fiscal, reservas internacionales, promoción del turismo. Sin embargo, el Índice de Progreso Social Mundial evidencia que la competitividad del siglo XXI exige una mirada más compleja. Hoy, competir no es solo ser más productivo, más eficiente, más tecnológico, sino vivir mejor. Esta nueva mirada implica incorporar, junto a las variables de económicas y de mercado, variables de bienestar, calidad de vida, calidad de los servicios que brindan las instituciones y la movilidad social. Implica promover inversiones rentables y simultáneamente transformadoras, que generan empleos de calidad, utilidades y bienestar generalizado, de la mano del estado.

Las contradicciones internas del desempeño peruano de este año son particularmente reveladoras. En educación, el país muestra una cobertura casi universal en matrícula primaria, ubicándose en el puesto 18 a nivel mundial con 99.59 puntos. Es una cifra que habla de acceso, pero no de resultados. Porque cuando se analiza la calidad educativa, el Perú cae al puesto 127 global, con apenas 28 puntos. Esta brecha no es menor: revela fallas persistentes en el diseño e impacto de las políticas públicas, en la eficiencia del gasto, en la gestión del sistema educativo y, sobre todo, en la incapacidad de articular la educación con las demandas productivas de una economía cada vez más sofisticada. Educar sin calidad es prometer movilidad social y quedarse corto, frustrando a millones de jóvenes talentosos que quedan excluidos del crecimiento económico.

En materia de seguridad personal, el panorama es aún más inquietante. Con el puesto 129 a nivel mundial, el Perú se encuentra entre los países más inseguros del continente. La evidencia empírica es clara: cuando la seguridad pública se deteriora, los inversionistas se vuelven cautelosos y el capital busca mercados más seguros. La inseguridad deteriora la vida diaria, erosiona el capital social y ahuyenta la inversión. Es una combinación explosiva que, sostenida en el tiempo, debilita tanto la economía como la gobernabilidad.

El acceso a vivienda digna constituye otro cuello de botella crítico. Con apenas 39.41 puntos y en el puesto 129 a nivel global, la vivienda asequible sigue siendo una aspiración cubierta a medias, sobre todo en las regiones en el interior del país. Esta carencia también tiene efectos multiplicadores: afecta la productividad laboral, la salud pública y la integración urbana, profundizando desigualdades territoriales que el crecimiento económico, por sí solo, no corrige. Por otro lado, la persistente percepción de corrupción —con apenas 31 puntos— continúa socavando la confianza institucional. La corrupción distorsiona la ejecución de proyectos, desalienta la inversión de largo plazo y erosiona la legitimidad del Estado, debilitando el contrato social.

En el contexto de la campaña electoral, relegar el progreso social a un plano secundario eventualmente podría comprometer la estabilidad económica y política del próximo gobierno. En 2026, la verdadera competitividad del Perú ya no se juega únicamente en los mercados internacionales, sino en su capacidad —urgente e impostergable— de cerrar la brecha entre la economía y el bienestar social.