Es común el comentario que, dado nuestro potencial, basta con tener un próximo presidente más o menos normal para que el Perú salga de sus problemas y crezca bien. Pero no es así. Si queremos retornar a un nuevo ciclo de crecimiento acelerado a tasas muy altas –como podríamos y deberíamos gracias al precio de los minerales–, entonces necesitamos que el próximo gobierno saque adelante reformas profundas que resuelvan los problemas estructurales que nos frenan.
El principal es una altísima informalidad consecuencia de una formalidad demasiado cara o asfixiante. Esa informalidad es perversamente funcional a los formales porque les brinda bienes y servicios baratos para compensarles el alto costo de la formalidad. Lo que tenemos es un equilibrio de baja productividad basado en la explotación de los informales, que nos impide crecer. Y que está detrás del avance de la criminalidad porque, así como la formalidad expulsa a la gente a la informalidad, una informalidad sobresaturada y de bajos ingresos expulsa a los jóvenes a la delincuencia y la criminalidad.
La única manera de romper este equilibrio perverso e injusto es con una desregulación profunda que libere las fuerzas productivas y permita la inclusión en la formalidad. Porque, además, las empresas formales que le venden al mercado interno sufren adicionalmente el impacto de la enfermedad holandesa: productos importados muy baratos debido a un dólar depreciado generado por un superávit comercial gigantesco producido por los buenos precios de los minerales, a lo que se suma la inundación de productos chinos a precio de saldo que huyen de los aranceles norteamericanos. Una enfermedad holandesa al cuadrado que se agrega a los altos costos de la formalidad.
El único remedio contra eso es, repetimos, una desregulación profunda de la actividad económica y de la normatividad laboral. Lo que está haciendo Milei en Argentina y lo que hará Kast en Chile. A eso hay que agregar una reducción impositiva dentro de una escala gradual y progresiva, una disminución del gasto improductivo del Estado y la introducción de meritocracia a todo nivel (porque, además, dentro del propio sector formal el Estado explota al sector privado: los sueldos estatales son superiores pese a que son generados por los privados). Por último, una reforma policial y del sistema judicial para eliminar la inseguridad física y jurídica.
El único plan de gobierno que plantea claramente todas estas reformas es el de Avanza País. También, aunque en cierta menor medida, los de Fuerza Popular y Sí Creo. Y algo el de APP. El problema es que, salvo APP, estos partidos no tienen fondos para sus campañas electorales. Increíblemente, empresarios privados formales no aportan, como si no les interesara su futuro. En cambio, los ilegales sí contribuyen, pero a candidaturas populistas o de izquierda radical, que sí tienen recursos. José Luna, por ejemplo, ha ofrecido que si gana dará S/5.000 mensuales a todos los adultos y S/5.000 a los que recién nazcan. Dado que se pasará a la segunda vuelta con un porcentaje muy bajo de los votos, ese tipo de campañas puede prosperar.
Es hora de empezar a preocuparse.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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