¿Cuánto cuesta llegar tarde?

El Ministerio de Salud tiene una tarea que va mucho más allá de pedir presupuesto: convencer al Ministerio de Economía y Finanzas de que invertir en salud es rentable. No solo porque salva vidas –razón suficiente–, sino también porque evita costos futuros, protege la productividad y permite que las personas sigan estudiando, trabajando y cuidando a sus familias.

La evidencia existe. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha estimado que, por cada dólar invertido en intervenciones costo-efectivas para prevenir y controlar enfermedades no transmisibles, el retorno para la sociedad puede alcanzar siete dólares en mayor empleo, productividad y años de vida. En el 2025 volvió a insistir en la misma dirección: invertir apenas tres dólares adicionales por persona al año en estas enfermedades podría generar enormes beneficios económicos hacia el 2030.

El argumento debería interesar tanto al Minsa como al MEF. Veamos la diabetes y la hipertensión. Según un análisis propio realizado con información del Seguro Integral de Salud, entre los años 2022 y 2024, cerca de un millón de asegurados vivían con diabetes y unos 2,5 millones con hipertensión. Sin embargo, apenas alrededor del 5% de los primeros y del 2% de los segundos recibían el monitoreo y el tratamiento medicamentoso correspondientes.

Ambas enfermedades pueden controlarse con seguimiento, cambios en el estilo de vida y medicamentos conocidos y relativamente baratos. En cambio, no hacerlo resulta carísimo, si consideramos que una diabetes mal controlada puede derivar en insuficiencia renal, amputaciones, ceguera o enfermedad cardiovascular. Y que una hipertensión no tratada puede derivar en un infarto o en un accidente cerebrovascular. Lo que pudo resolverse con atención primaria y medicamentos termina requiriendo hospitalización, procedimientos complejos y tratamientos mucho más costosos.

Y ahí surge la pregunta que Salud debería plantearle a Economía: ¿cuánto nos cuesta no actuar a tiempo?

El cáncer muestra la misma lógica. La vigilancia epidemiológica del Minsa ha encontrado que, entre los casos cuyo estadio clínico es conocido, una proporción mayoritaria se detecta en fases avanzadas. En el cáncer de próstata, las cifras son especialmente preocupantes: en mayo último, el Minsa informó que, de los casos registrados en el 2024, el 75% llegaban a atención en estadio terminal.

Diagnosticar tarde implica tratamientos más complejos, costos más altos y menores posibilidades de recuperación.

Pero hay una segunda parte de la conversación que el sector Salud no puede eludir: para pedir más recursos debe demostrar que sabe cómo se usan y qué resultados logran. Y hoy esa trazabilidad es insuficiente. Necesitamos saber dónde terminó cada sol, dónde están trabajando los médicos, qué equipos funcionan y cuáles están inutilizados, qué procedimientos se ofrecen realmente y si el medicamento llegó a las manos de los pacientes que lo necesitaban.

Veamos este último punto, porque revela un problema particularmente absurdo. Cuando un médico prescribe un medicamento y este no está disponible, se genera una demanda no atendida. Pero si esa carencia no queda registrada, para el sistema la necesidad no resuelta de ese paciente prácticamente desaparece. La próxima compra se programa con información incompleta; se subestima la necesidad real de presupuesto, vuelve a faltar el medicamento y el círculo se repite. No atendemos la demanda, no la registramos, compramos mal y volvemos a desabastecernos.

Trazabilidad significa romper ese círculo y reducir los espacios para la corrupción y la ineficiencia. Un sistema que puede seguir el dinero, el medicamento, el equipo y al paciente es también uno en el que resulta más difícil perder recursos en el camino.

Por eso, la discusión entre el Minsa y el MEF debería centrarse en cuatro preguntas: ¿qué intervenciones generan el mayor retorno social? ¿Qué costos podemos evitar? ¿Qué resultados podemos comprometernos a conseguir? ¿Cómo demostramos que el recurso llegó a quien debía llegar?

El ministro de Salud tiene, entonces, un doble desafío. Debe convencer al MEF de que invertir oportunamente en prevención, atención primaria, diagnóstico temprano y medicamentos no solo genera bienestar a la población, sino que puede ahorrarle mañana al Estado mucho dinero. Pero también debe demostrar que el sector puede gestionar mejor cada sol que recibe.

Más presupuesto sin mejores resultados no es una política sanitaria. La verdadera meta es que cada sol invertido permita prevenir enfermedades, preservar años de vida saludable, mantener a las personas productivas y proteger a las familias de gastos que pueden empobrecerlas.

Invertir en salud es pagar hoy para no pagar mucho más mañana. Pero, sobre todo, es invertir en el principal activo de un país: su gente.