Nos quedó corto el espacio la semana pasada para decir cuáles son las exoneraciones y demás beneficios tributarios que más le cuestan al fisco. El costo para el fisco no es lo mismo que el costo para el país, medido en términos de una menor creación de riqueza por la mala asignación de los recursos –la inversión y el trabajo que se desvían de sus usos más productivos hacia aquellos favorecidos por las exoneraciones–, pero hay entre ambos una relación directa: cuanto mayor es el costo para el fisco, mayor suele ser el costo para el país. Eso es lo que justifica fijarse en las más grandes.
Algunos columnistas cuyas opiniones nos parecen generalmente sensatas han sugerido en estas mismas páginas que el Gobierno debe olvidarse por el momento de las exoneraciones y concentrarse en reducir la evasión del impuesto a la renta y del IGV, que estima en el equivalente a 9% del producto bruto interno (PBI). Allí es donde el mismo esfuerzo, sostienen, puede rendir más ingresos fiscales. Puede ser, pero ¿cómo sabemos si el esfuerzo es el mismo para conseguir, digamos, 1% del PBI por la vía de reducir la evasión o por la de eliminar exoneraciones?
Dicho esto, pasemos al ranking. Las diez principales cuestan más de S/900 millones anuales cada una y explican el 72% del total, según el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. A la cabeza están la exoneración del IGV para los productos agrícolas (S/4.489 millones), para la Amazonía (S/3.992 millones) y para los productos agrícolas en la Amazonía (S/906 millones). Después viene una serie de inafectaciones: la inafectación de la compensación por tiempo de servicios (CTS) al impuesto a la renta (S/2.065 millones) y la inafectación al IGV de los juegos de azar (S/1.678 millones) –apostando por el Perú, como se dice en los eventos empresariales–, de los intereses por préstamos bancarios (S/1.541 millones), de la importación y la prestación de servicios a instituciones educativas (S/1.513 millones) y de las pólizas de seguro de vida (S/1.410 millones). Y completando la lista de los 10, el drawback para los exportadores (S/1.204 millones) y la tasa diferenciada de impuesto a la renta para la agricultura (S/1.070 millones).
No es fácil, políticamente hablando, eliminar beneficios tributarios, ni estos ni otros, pues cada uno tiene sus defensores. Pero es bueno para el país. La practicidad desaconseja ir por el más grande de todos, pero hay otros para los que la practicidad no es un obstáculo y cuya falta de justificación económica es fácil de demostrar.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.