El diseño normativo actual del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) revela una profunda contradicción: mientras el Estado mantiene en condición de “formalizados” a miles de titulares que no producen ni un gramo de mineral, reprime y criminaliza a los pequeños mineros que sí trabajan y subsisten del mineral que extraen con esfuerzo. Esta distorsión vulnera principios constitucionales como la razonabilidad, la igualdad ante la ley y la finalidad legítima de las políticas públicas.
En lugar de premiar la productividad y el cumplimiento de estándares, el sistema actual protege al especulador ocioso y penaliza al productor activo. Es un modelo que consagra privilegios para quien acapara, y sanciona a quien trabaja. El Decreto Legislativo N.º 1105 fue creado para formalizar progresivamente a los pequeños mineros, pero más de una década después, no exige producción sostenida ni actividad comprobada. A través de sucesivas prórrogas —la última mediante el D.S. N.º 001-2024-EM— se ha permitido que concesiones inactivas bloqueen el acceso a la tierra, generando una concentración especulativa que va contra el espíritu del REINFO.
Desde el punto de vista constitucional, mantener este esquema es irracional y discriminatorio. ¿Cómo se justifica que se criminalice al minero que produce y tributa indirectamente, mientras se otorgan derechos preferenciales al que ni siquiera opera? Esta asimetría se agrava cuando el Estado despliega operativos y sanciones contra quienes sí ejercen una función económica activa. Es una forma encubierta de discriminación estructural.
La solución es clara: reformar el REINFO con criterios de productividad real y justicia económica. Se necesita establecer, por ley, un requisito mínimo de producción comprobada para permanecer en el registro. Además, urge crear un registro diferenciado entre mineros activos y especuladores inactivos; y una ventanilla única digital que acompañe con asistencia técnica real la transición a la formalidad.
La presidenta Dina Boluarte ha anunciado que el REINFO seguirá vigente hasta 2025, pero no ha enfrentado el verdadero problema: la negativa sistemática de las empresas concesionarias a firmar contratos con pequeños productores, impidiendo su formalización. Amparadas en el principio de libre mercado, muchas de estas empresas usan las concesiones como garantía financiera, hipotecando derechos que nunca ejercen. El resultado: el minero que trabaja sigue siendo “ilegal”, y el que no hace nada, cobra. Este modelo perpetúa un esquema colonial disfrazado de legalidad, donde el que no produce obtiene rentas del que sí.
La única salida sensata y justa es la reversión de concesiones inactivas y su transferencia a quienes realmente las trabajan. Esta reforma no es solo económica ni ambiental: es un imperativo moral. Miremos a Chile, primera potencia minera de Sudamérica: allá, las concesiones de exploración duran máximo cuatro años, y solo se prorrogan si se demuestra trabajo real. Si Perú adoptara ese modelo, el 70% de las concesiones especulativas ya habrían caducado. Hoy estarían en manos de verdaderos mineros, no de intermediarios ociosos. La reforma minera es urgente. No se trata de eliminar derechos legítimos, sino de devolverle sentido al trabajo y al desarrollo. El Perú necesita una política minera que premie al que produce y sancione al que bloquea. Nada más, pero tampoco nada menos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/d6645d93-87e5-4897-8053-c6d5249630a1.png "Carlomagno Chacón")
Respuestas
