La difícil disyuntiva del Congreso, por Carlos Basombrío

En los últimos años ha habido tres referéndums de alcance nacional. En 1993 el que puso en vigencia la actual Constitución por ajustado margen (52,33% vs. 47,67%). El del 2005 que rechazó la propuesta de descentralización de Toledo y el del 2010, que aprobó la devolución de los fondos del Fonavi.

Uno cuarto, el que generó mayor discusión política y movilización ciudadana, se abortó antes de realizarse. Su historia tiene cierta relevancia hoy. La Constitución de 1993, en su texto original, prohibía expresamente una segunda reelección para los presidentes. En 1996, un año después de que Fujimori fuese reelegido en el cargo, el Congreso aprobó una ley de “interpretación auténtica” y señaló que tenía derecho a postular a un tercer mandato. En 1998, tres miembros del Tribunal Constitucional fueron destituidos por el Congreso por haber dictaminado que esa ley era anticonstitucional. De ahí vino un esfuerzo del referéndum por parte del Foro Democrático que, según sus promotores habría conseguido 1 millón y medio de firmas; a saber, las suficientes para que este se produjera. A raíz de ello el Congreso aprobó una nueva norma, en la que exigía adicionalmente que 2/5 de sus representantes lo aprobaran previamente; número fríamente calculado, en función de lo que los congresistas de oposición (no) podían alcanzar.

No hubo referéndum aquella vez. Fujimori fue reelegido en el 2000 en medio de acusaciones de fraude. Pocas semanas después se conocieron los ‘vladivideos’ y, en noviembre, fue destituido luego de su huida del país. El resto es historia reciente.

Hoy, casi veinte años después, un nuevo referéndum llega a manos de un Congreso también con mayoría fujimorista. Coincidentemente, también la reelección está en la agenda, pero esta vez la de los propios congresistas. No queda claro cómo van a actuar esta vez. No discuto aquí si la del Ejecutivo es una propuesta adecuada o la más importante para la reforma política. Es más, coincido con muchos en que quizás sean convenientes dos períodos en el Congreso y lo mismo para municipios y gobiernos regionales. No estoy de acuerdo, sin embargo, con que ese 25% que se reelige sea la élite de la política peruana a cultivar. Hay de todo. Algunos valiosos y otros no tanto. Lo mismo para los nuevos: hay algunos muy buenos y muchos otros no tanto.

Pero a estas alturas, ya Martín Vizcarra no puede retroceder en la propuesta de la no reelección. Puso todos los huevos en esa canasta. De hacerlo perdería esa sintonía que parece haber conseguido con la mayoría de los peruanos hartos de lo que ven a diario.

Siendo así, la pelota pasa a la cancha del Congreso que puede aprobar la iniciativa de referéndum o desaprobarla. Es una decisión bastante complicada para ellos, ya que la inmensa mayoría de los congresistas aspira a una reelección en el 2021. Las opciones son todas muy difíciles para Fuerza Popular que, por sus votos, cargará con el peso de la decisión que se tome.

En la hipótesis de que a Keiko no le complique contar con gente nueva en el 2021 y avale la propuesta de Vizcarra, el siguiente paso sería saber si su bancada apoyaría su decisión. Otra opción es simplemente rechazar la propuesta del presidente y aguantar el chaparrón. Un camino intermedio puede ser tratar de quitarle filo o recurrir a artilugios que interpreten las normas de tal modo que estas no se puedan realizar. Opción peligrosa. En el anterior caso, Fujimori era muy popular y su reelección era deseada por muchos, que estuvieron dispuestos a hacerse de la vista gorda. Ahora los congresistas están en el peor de sus momentos y estarían defendiendo, no a un tercero, sino sus propias aspiraciones. Es cierto que no se puede bajar mucho más en aprobación ciudadana, pero una decisión como esta sí podría aumentar la indignación y enterrar ya toda posibilidad de que Keiko Fujimori gobierne en el 2021.

Además, el Congreso no es el único actor en la cancha y el Ejecutivo sabe que tiene otras opciones constitucionales para seguir con su propuesta. La primera, que el Gabinete se presente a pedir confianza sobre esta reforma constitucional y de no tenerla por segunda vez en este gobierno, el Congreso sea disuelto.

El ministro de Justicia ha dicho que la confianza no está en su agenda. Lo que en lenguaje de los políticos quiere decir que podría estarlo luego. Anuncia, más bien, que irían por el camino de la recolección de firmas, algo que sería un factor de movilización de un sector importante de la ciudadanía contra el Congreso.

Sea cual fuera el desenlace, el tema se entremezclará en los próximos meses con Lava Jato y “Lava Juez” en una trama de difícil pronóstico, ya que involucra a todos los actores y a todas las instituciones claves del Estado. Las opciones de riesgo para la estabilidad político-social van desde el muy poco hasta el mucho.