Harvard es, probablemente, la universidad más prestigiosa del mundo. Fundada antes incluso de que existieran los Estados Unidos, por sus aulas han desfilado 162 premios Nobel y su nombre está asociado en la cultura popular con la cúspide de la excelencia educativa. Ni su fama ni sus méritos, sin embargo, la han blindado de las embestidas de Donald Trump, que ha encontrado en los fondos gubernamentales y en las exenciones fiscales un garrote para obligar a las universidades a plegarse a sus designios. Designios que persiguen dos objetivos principales: eliminar de los campus toda mención a las masacres que Israel viene cometiendo en Gaza y desmontar las políticas de diversidad e inclusión que han proliferado en las últimas décadas.
Por ahora, su buena salud financiera (se calcula que sus fondos bordean los US$50.000 millones) le ha permitido a Harvard desafiar a la Casa Blanca, incluso luego de que esta decidiera, a modo de represalia, ordenar el congelamiento de más de US$2.200 millones que iba a recibir por concepto de subvenciones. Pero otras instituciones no han tenido tanta suerte. El mes pasado, la rectora de Columbia, Katrina Armstrong, renunció luego de que Trump amenazara con desautorizar el desembolso de unos US$400 millones en fondos federales (que habría tenido consecuencias devastadoras en la institución), y otras, como Brown y Pensilvania, llevan semanas viendo danzar sobre sus cabezas una auténtica espada de Damocles económica. Lo peor, no obstante, es lo que viene ocurriendo con los estudiantes extranjeros, a los que se les ha advertido que se les cancelarán los visados y las becas si critican públicamente las acciones del ejército israelí en la franja. Una censura que, en casos extremos, se ha traducido en la detención de algunos de ellos bajo el argumento ridículo de que serían colaboradores de Hamás.
Ciertamente, se puede estar en desacuerdo con los discursos propalestina (algunos de ellos con un extremismo tan parecido al que denuncian) o creer que las políticas en favor de la inclusión han alcanzado límites que bordean la caricatura, pero consentir que por ello una administración está facultada para borrarlos de un plumazo de las universidades –amenazándolas con asfixiarlas económicamente– es algo muy diferente. Es, en términos simples, avalar un atropello tanto contra la libertad de expresión (esa que, dice la historia, es tan sagrada para los estadounidenses) como contra el concepto mismo de universidad: aquel lugar en el que uno va forjando sus ideas, sometiéndolas al fuego de las discusiones y aprendiendo que los demás también poseen las suyas, por más equivocadas que nos parezcan.
Pero las universidades son apenas las últimas víctimas de los chantajes de Trump. Una larga lista en la que se cuentan también los países cuyos representantes han corrido a Washington a ofrecerle concesiones con tal de que no se les imponga nuevos aranceles (o se les suba los ya existentes) y, trágicamente, también el Gobierno Ucraniano, al que ha amenazado con dejar a merced de los apetitos de Vladimir Putin si no acepta sus abusivas condiciones. Este último caso es particularmente triste, pues todos sabemos que si hoy Ucrania no es una provincia rusa es gracias al apoyo militar que le ha venido suministrando la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. Aprovecharse de esa realidad para tratar de sacarle hasta los centavos a un país ya esquilmado por Rusia, humillando a su jefe de Estado en el camino, es de una crueldad de aúpa.
Hay quienes califican estas acciones de Trump y los suyos como sofisticadas formas de negociación. Como ejercicios de la política en su estado más bruto. Yo creo, más bien, que a ellas les calza un mejor nombre: chantaje. Como en toda extorsión, por supuesto, es injusto culpar a quien la sufre por resignarse a callar y pagar, pero la única manera de enfrentarla es empezar a llamarla por su nombre.
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