Representación de intereses informales

El pasado 26 de julio, el Congreso de la República eligió a Eduardo Salhuana como su presidente para el período 2024-2025, en medio de cuestionamientos por sus vínculos con intereses mineros informales. Su propia hoja de vida registra haber sido asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios y gerente general del gobierno regional de esa región durante la gestión de Luis Otsuka, en la que se dio una oposición a procesos de formalización minera.

Salhuana es un personaje de amplia trayectoria política, lo que lo distingue en un Congreso en donde prima el amateurismo político. Fue congresista electo por Izquierda Unida en 1990, por Renacimiento Andino en el 2001 y por Alianza para el Progreso en el 2021. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo; postuló a la alcaldía de Tambopata en 1998, al Congreso en el 2006 por Perú Posible, al gobierno regional en el 2010, y al Congreso nuevamente en el 2011 y el 2016 por ese mismo partido. En términos profesionales, fue juez y decano del colegio de abogados, desarrollando toda su carrera en Madre de Dios. Salhuana es un ejemplo emblemático de un político que desarrolla una carrera política a través de varios partidos, condicionado por el carácter volátil de estos. En el escenario regional, personalidades como Salhuana son la constante; lo efímero son los partidos a través de los que postulan. Este recorrido hace que sea percibido por sus colegas como un auténtico primus inter pares, en medio de un Congreso en el que solo el 9% de los representantes cuenta con experiencia legislativa previa.

Pero, además, podría decirse que sus postulaciones (y las de todos los políticos de la región) están condicionadas por el escenario económico y social en el que actúan. Desde hace años, se sabe que la minería del oro y la producción maderera, en las que priman la informalidad y la ilegalidad, son las actividades más importantes de la región y que los intereses alrededor de estas definen la política regional. No es casualidad que los últimos gobernadores regionales –Luis Otsuka (por Avanza País y Democracia Directa) y Luis Hidalgo (APP)– o que los últimos congresistas representantes de la región –Salhuana, Modesto Figueroa de Fuerza Popular y Amado Romero de Gana Perú– hayan sido todos cuestionados por sus vínculos con la minería ilegal o el tráfico de madera.

En territorios como Madre de Dios, parecería claro que, para hacer política de manera exitosa, algún tipo de relación se debe tener con los intereses económicos y sociales predominantes. No solo para procurar acceso al financiamiento de las campañas, también para sintonizar con los intereses de los votantes, vinculados a las actividades descritas. El peso económico y electoral de los intereses informales se hace sentir también en varias otras regiones y, en general, en todos los partidos políticos. En ese sentido, Salhuana es representativo de una situación más general dentro del Parlamento.

Hasta no hace mucho, los intereses informales operaban más discretamente, sin expresarse preponderantemente en las agendas parlamentarias. Esto, porque algunos voceros o coordinadores parlamentarios, más alineados a intereses nacionales, posturas ideológicas o programáticas, imponían otro tipo de agendas. Sin ir más lejos, alguna diferencia puede marcarse entre las gestiones de María del Carmen Alva o José Williams con la de Alejandro Soto. Veremos qué rumbo impone Salhuana.