Defendamos a Servir

Como si no hubiera hecho ya suficiente daño, ahora el Congreso podría eliminar nada menos que a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). La Comisión de Trabajo ha aprobado un proyecto de ley para desactivar esa institución, que es clave para implantar la meritocracia en el Estado Peruano, algo que, a su vez, es un objetivo nacional de primer orden.

Cierto es que el tránsito al régimen del servicio civil había avanzado muy lentamente. Hasta el 2023, luego de diez años, solo 18 entidades habían hecho esa evolución. El proceso era complicado y requería de mucha voluntad política. Justamente por eso, el año pasado se dio el Decreto Legislativo 1602, que simplifica el proceso y obliga a todas las entidades del Ejecutivo a realizar dicho tránsito, otorgándoles 270 días para este fin. Según el presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, a la fecha, 90 entidades han presentado su Cuadro de Puestos de Entidad (CPE) ante Servir, en el que se identifica los puestos que se necesita en función de los objetivos de la entidad. De esos 90, 35 pasaron ya al MEF para que este evalúe su viabilidad presupuestal.

Una vez aprobado el CPE, la entidad debe convocar a un concurso interno y luego eventualmente externo para llenar las plazas. Quienes aprueban ingresan a una carrera con evaluaciones periódicas y con capacitaciones continuas. A la tercera evaluación negativa, el servidor queda desvinculado. La idea es que la mayor parte de los ex CAS, que ahora están nombrados con estabilidad absoluta y sin evaluaciones, pasen a este régimen que les asegura mejoras salariales en función de los ascensos, y capacitación.

El proceso, pues, es clave para aspirar a tener un Estado moderno, meritocrático y eficiente, que se rija por metas en función de las que se evalúe el desempeño de sus servidores. Es de alta prioridad nacional. Y, además, está tomando velocidad. Y justo en el momento en el que se echa a andar, se aprueba el proyecto para cortar el proceso y desaparecer Servir, en lugar de presionar al MEF para que proporcione los recursos necesarios, recortando gastos inútiles.

Lo que ocurre es que estamos ante una reacción clientelista de los congresistas ante lo que algunos burócratas perciben como una amenaza: tener que rendir cuentas en evaluaciones de rendimiento. No quieren hacerlo pese a que usan el dinero de todos los peruanos.

La obligatoriedad del tránsito al régimen del servicio civil es una de las pocas reformas que se ha dado este último año y medio. Ahora se la quiere destruir. La otra fue el decreto legislativo que dispuso la obligatoriedad de los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas que se den y al stock de normas. Aquí el Congreso más bien debería fiscalizar que se aplique, para eliminar las normas contraproducentes que ahogan la libertad económica e impiden la inversión y el crecimiento formal de los emprendimientos.

El Congreso también ha sido capaz de aprobar reformas como la ley de contrataciones y podría aprobar la de las pensiones. Que se deje contagiar por lo bueno que ha hecho.