El modelo económico y la Constitución (II)

Lo que podríamos llamar el “modelo económico” está en varias partes de la Constitución Política del Perú. Este consta –esquemáticamente– de tres partes. Los derechos económicos y sociales, la estabilidad macroeconómica y la asignación de recursos.

Derechos económicos y sociales. En la Constitución aparecen explícitamente algunos derechos, como el derecho a la protección de la salud, el derecho (progresivo) al agua potable, el derecho a la seguridad social, a la educación, al trabajo (y a una remuneración equitativa y suficiente, al descanso semanal y anual remunerados).

Las políticas públicas se encargan de que esos derechos sean efectivamente cumplidos. Es una tarea permanente. Si bien a lo largo de las últimas décadas ha habido avances, estos no han estado a la altura de las expectativas de la población. Los mediocres indicadores de salud, educación, agua y saneamiento, seguridad social e informalidad laboral muestran que no es suficiente que los derechos estén explícitos en la Constitución para que su cumplimiento sea satisfactorio para la mayoría de la población. ¿Hace falta volver a ponerlos para que se cumplan?

Es deseable tener los derechos explícitos para que sirvan de guía de lo que la sociedad demanda. Sin embargo, esto no es suficiente. Se necesita un mejor diseño y ejecución de las políticas públicas.

La estabilidad macroeconómica. En las finanzas públicas, destaca que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Asimismo, el Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.

En la parte monetaria, se dispone la autonomía del BCR dentro del marco de su ley orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero y administrar las reservas internacionales a su cargo. El banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el tesoro público, dentro del límite que señala su ley orgánica.

Como consecuencia de la observación de estas disposiciones constitucionales, los resultados macroeconómicos han sido notables. El Estado Peruano ha alcanzado bajos déficits fiscales y ha mantenido bajos niveles de deuda pública, lo que le ha valido para tener buenos indicadores de riesgo país y una buena calificación de sus bonos soberanos. El Perú destaca dentro de todos los países emergentes en estos indicadores de solvencia fiscal. Ello ha permitido también seguir políticas anticíclicas, que eran impensables en las últimas décadas.

Por el lado de la inflación, el país ha destacado con las tasas más bajas dentro de los siete países más grandes de Latinoamérica durante los últimos 20 años, incluyendo el actual año inflacionario.

Y lo más importante, como fruto de la estabilidad macroeconómica, la economía de mercado y el rol del Estado, el crecimiento económico no se hizo esperar. Así, dentro de este grupo de países, la economía nacional fue la que más creció en lo que va de siglo.

El rol del Estado y la economía de mercado. Ambos tienen roles claramente definidos en la asignación de recursos, que es el corazón de la economía.

Según la Constitución, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.

Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. El Estado facilita y vigila la libre competencia.

Por su parte, la iniciativa privada es libre. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. El derecho a la propiedad es inviolable. A nadie puede privársele de su propiedad, salvo por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

Hoy en día, todos los países desarrollados son democracias con economías de mercado y con estados relativamente grandes y eficientes.

Sin embargo, algunos grupos políticos buscan confundir a la ciudadanía, aprovechando su condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Una ciudadanía que tiene en promedio hasta el cuarto año de educación secundaria. Los ciudadanos peruanos necesitan una economía dinámica que genere empleos con salarios crecientes. El Estado necesita ingresos tributarios para brindar mejores servicios públicos.

La verdadera revolución está en mejorar las políticas públicas y acelerar el crecimiento económico.