El nuevo dueño del Congreso, por Juan Paredes Castro

Aun cuando muchos no quieran creerlo, el Perú vive el comienzo de lo que podría ser, de aquí a poco más de un año, el peor desastre político, económico y social de su historia.

Increíblemente igual resulta saber que el gestor principal de este negro horizonte es el propio presidente Pedro Castillo.

Cuatro factores envuelven dramáticamente la suerte del país en esta dirección.

1. El presidente ha demostrado que no solo no está preparado para gobernar, sino que carece del más mínimo respeto por la democracia y su sistema de separación de poderes, por la Constitución y las leyes de la República, y por las prerrogativas presidenciales y de Estado, a las que miente, trampea y maltrata permanentemente.

2. Nunca le importó no estar preparado para gobernar porque su propósito de llegar a la presidencia era otro: capturar el Estado, como lo viene haciendo, y disolver ilegal e inconstitucionalmente el Congreso para luego convocar a una asamblea constituyente e instaurar un régimen dictatorial marxista-leninista. Tal cual reza el ideario de su partido Perú Libre y tal cual reza el destino de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde, precisamente, el principio de gobernar bien, con entereza y eficiencia, no existe.

3. No cumplido hasta hoy su propósito de disolver el Congreso y habiendo más bien acumulado tantas causales necesarias como para justificar una vacancia presidencial, Castillo se ha apropiado en poco tiempo de la voluntad política del Congreso. No ha necesitado comprar consciencias con billetes en la mano como lo hacía Vladimiro Montesinos. Le ha bastado disponer de secretarios como Bruno Pacheco, de lobbistas como Karelim López y de amigotes y parientes de toda su confianza para montar oscuras reuniones en Palacio de Gobierno y en el despacho paralelo del pasaje Sarratea, en Breña, para repartir ministerios, digitar ascensos militares y policiales, aprobar concesiones millonarias de obras públicas y, por supuesto, asegurarse la voluntad clave del Congreso en provecho suyo.

4. Por lo mismo que no le interesa gobernar, a Castillo le tiene sin cuidado negociar una mayoría del Congreso a favor de sus proyectos de ley. ¿Para qué? Lo que él busca es que el Congreso no pueda votar por su vacancia. Se ha asegurado un increíble poder de veto con 47 inamovibles votos. Digámoslo metafóricamente y en términos empresariales: Castillo ha adquirido el número necesario de acciones en el Congreso como para sentirse su nuevo dueño y para no tener que preocuparse un minuto más por su vacancia.

La pregunta que tenemos que hacernos frente a estos cuatro factores es si, en efecto, el poder de veto de Castillo podría romperse en algún momento ante un nuevo escándalo presidencial que vaya a remover los cimientos morales del poder político; es decir, de los pocos cimientos morales que le quedan.

Si bien no se descarta esa posibilidad, como tampoco que nuevas revelaciones de colaboradores eficaces sometidos a proceso en la fiscalía comprometan aún más las responsabilidades presidenciales en actos ilícitos, Castillo pretendería dar un paso más en el Congreso procurándose espacios favorables a proyectos reformistas del Ejecutivo dirigidos a desestabilizar el orden constitucional, creando un retroalimentado mecanismo de distracción y desviación de la atención pública. Es más, si Castillo ya demostró capacidad para meterse al bolsillo al Congreso no podemos dejar de pensar que lo siga haciendo y que ningún control parlamentario, fiscal o judicial pueda detener su objetivo de gobernar como le viene en gana, con los ministros y funcionarios incompetentes que él designe y con las consecuencias que el país aguante.

Lo que ha hecho Castillo con Petro-Perú, llevándolo al colapso financiero en siete meses, no tiene nombre, como no tiene nombre lo que viene haciendo con la gran minería, poniéndola al borde de la paralización en momentos de mayor incremento sostenido de los precios internacionales de los metales. Tampoco tienen nombre las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres y del canciller César Landa, descalificando prematuramente la sentencia del Tribunal Constitucional que le restituye el indulto al expresidente Alberto Fujimori, cuando, al margen de posiciones políticas o ideológicas, es el gobierno al que ellos representan quien no solo tiene que velar por la correcta ejecución de esa sentencia, sino también, llegado el caso, por su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La alerta roja que advierte los peligros del destino del Perú ya no luce encendida sobre la cabeza del presidente Castillo, prácticamente inmune, impune e inimputable. La alerta roja luce encendida sobre la cabeza del Congreso y las cabezas de sus integrantes. Congreso y congresistas asumen sin demora su responsabilidad sancionadora constitucional o se hacen cargo, de aquí en adelante, ante el país y ante la historia, de los pasivos y activos de todas las barbaridades presidenciales.

Esa es la cuestión.