El pacto infame, por Maria Cecilia Villegas

En un abrazo que sorprendió al Perú entero, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, nos dio una clase de ‘realpolitik’. Aquí los intereses y el mensaje son claros: “Haremos lo que tengamos que hacer para que de aquí no se vaya nadie”. En el camino, quedó la necesidad de encauzar al país hacia el desarrollo.

Las democracias liberales están basadas en el principio de la división de poderes. Esto es, las tres funciones principales del Estado –gobernar, dar leyes y administrar justicia–, que antes recaían en una sola persona, fueron divididas en tres poderes distintos para romper con el poder absoluto. Se impuso, además, el sistema de pesos y contrapesos a través del que los poderes del Estado deben controlarse entre sí con el objetivo de limitar al Estado para que no se generen abusos contra los ciudadanos. Por ello, la cercanía del Ejecutivo al Legislativo ha sido siempre un problema en la medida en que es un freno al rol de control que debe ejercer el Congreso. Lo mismo ocurre cuando el Ejecutivo captura el Poder Judicial y lo utiliza contra sus enemigos políticos.

¿Por qué debemos limitar al Ejecutivo? Porque, además de tener control sobre el presupuesto, el Ejecutivo tiene la fuerza pública. Y sin control, el abuso del poder ha sido históricamente la norma. Recordemos que el centro de una democracia liberal es proteger la libertad del individuo. Y es aquí donde el pacto infame entre la presidenta del Congreso y Waldemar Cerrón, el vocero oficial del partido de gobierno y hermano de Vladimir, se vuelve inaceptable en la medida en que implica una renuncia a ejercer el rol que los peruanos le conferimos: el de liderar la oposición.

¿Qué ha cambiado para que la presidenta del Congreso decida entregar las armas que la democracia le otorga? El copamiento del Estado Peruano en manos de personajes que no cuentan con las calificaciones necesarias para ejercer los puestos que se le han encomendado continúa. Vladimir Cerrón sigue con su agenda de control del Estado. Los actos de corrupción no se detienen y el Gabinete sigue inamovible pese a los cuestionamientos que existen contra el ministro de Salud, la incapacidad del ministro de Energía y Minas y las dudas que recaen en el ministro de Transportes y Comunicaciones, y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Sabemos acaso si el Ministerio de Educación tiene preparada la infraestructura para el regreso a clases? ¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional? ¿Qué hay detrás del intento de armar a los serenazgos?

El Perú enfrenta una crisis política desde hace varios años. La polarización y la incapacidad de los políticos para resolverla hace que nuestras perspectivas económicas se hayan ralentizado y, con ellas, nuestra capacidad de satisfacer las necesidades básicas de millones de peruanos. La falta de compromiso de los ciudadanos y de los líderes empresariales para involucrarse en política hace que esta sea más profunda cada día. Cómo lograremos salir de la crisis sin partidos políticos y sin ciudadanos comprometidos es una interrogante aún sin respuesta. Lo cierto es que en el Perú tenemos una precaria democracia disfuncional y una irresponsable clase política más interesada en llenar sus bolsillos que en llevar al Perú hacia el desarrollo. Los peruanos nos hemos acostumbrado a vivir en la informalidad y la delgada línea que la divide de la ilegalidad. Nos sentimos cómodos. O, por lo menos, lo suficientemente cómodos para no hacer nada por cambiarlo.

En 1888, Manuel González Prada instaba a los peruanos: “Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Dejemos la encrucijada por el camino real, y la ambigüedad por la palabra precisa. […] Seamos verdaderos, aunque la verdad desquicie una nación entera”. Han pasado 134 años y el mensaje es el mismo. ¿En qué momento los peruanos dejaremos la comodidad del hablar a media voz para construir un país?