La prohibición de las encuestas

Las encuestas de opinión y la medición de la intención de voto son una herramienta esencial de un país en democracia. El acceso a la información y la transparencia son pilares fundamentales que garantizan que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Este tipo de mediciones desempeñan un papel muy relevante en este proceso, especialmente en períodos electorales, al proporcionar una “fotografía” de las tendencias, opiniones y preferencias de la ciudadanía. Sin embargo, en el Perú la ley establece una prohibición para la publicación de encuestas desde el domingo previo a las elecciones, lo que limita el acceso a esta información en los días en los que el voto se define.

Los ciudadanos tienen derecho a estar informados. Las encuestas de opinión pública no solo informan a los votantes, sino también ayudan a las organizaciones políticas a ajustar sus estrategias y mensajes, y a los medios de comunicación a comprender mejor las dinámicas electorales. Limitar el acceso a esta información a partir del domingo anterior a la elección impide que la población pueda reaccionar ante cambios significativos en el entorno político, restringiendo su capacidad de emitir un voto bien informado. Asimismo, los electores se quedan con la foto de la última publicación, que puede ser muy distinta al resultado final y, por ende, se termina juzgando erróneamente el trabajo de las encuestadoras.

Otro problema que surge de la prohibición de las encuestas es la proliferación de noticias falsas y rumores durante el período de veda informativa. La ausencia de datos concretos y verificables crea un vacío que puede ser llenado fácilmente con información inexacta o manipulada. En las elecciones municipales y regionales del 2018, en esa semana detectamos 48 resultados falsos atribuidos a Datum, algunos de los que tenían desarrolladas hasta cuentas falsas en redes sociales. Perdimos la cuenta de las encuestas inventadas en los siguientes procesos electorales.

Asimismo, este tipo de restricciones suelen ser fácilmente eludidas por terceros mediante la publicación de información en plataformas internacionales o en redes sociales, donde el JNE no tiene jurisdicción. Esto no solo socava la eficacia de la prohibición, sino que también discrimina entre quienes tienen acceso a estas plataformas o acceden a encuestas privadas y quienes no, generando una desigualdad en el acceso a la información.

Las encuestas permiten medir el clima y la tendencia o evolución en el voto de los candidatos, pero su influencia directa en la intención de voto no está probada ni puede predecirse. Algunos argumentan que las encuestas pueden inclinar a los electores hacia el candidato que lidera, un fenómeno conocido como ‘bandwagon effect’ o efecto de arrastre, donde la gente prefiere votar por el ganador percibido. Sin embargo, también existe el efecto contrario, llamado ‘underdog effect’, donde los votantes pueden movilizarse en contra del favorito, apoyando a los candidatos que parecen estar perdiendo. Estos efectos son impredecibles y varían según el contexto político y social de cada elección. Es peor que la población decida en base a especulaciones o información falsa.

Un pendiente en la reforma política es el de reducir el período de prohibición de encuestas. Algunos países no tienen esta restricción y otros la tienen con períodos más cortos. Siendo conservadores y considerando que la Ley Electoral en el Perú permite la publicidad hasta las 48 horas previas, la publicación de encuestas debería permitirse hasta el viernes anterior a las elecciones, asegurando que todos los peruanos tengan acceso igualitario a la información más reciente. Esto no solo nivelaría el campo de juego, sino que también reforzaría la confianza en el proceso electoral y en las instituciones democráticas. En última instancia, la democracia se enriquece cuando sus ciudadanos están bien informados y capacitados para tomar decisiones que reflejen sus verdaderas preferencias y aspiraciones.