Entre Palacio y Barbadillo

Como los congresistas ya empezaron a vivir en modo electoral de cara al 2026, podríamos pensar, sin equivocarnos, que ya no tienen tiempo para otra cosa.

Sin embargo, hay un antes y después de abril y junio precisamente del 2026 que son cruciales para el destino del país y que demandan desde ahora el ineludible compromiso responsable del Congreso.

Debemos llegar a esa fecha con una ley y un sistema electoral que nos garanticen resultados presidenciales y parlamentarios incuestionables, lo que quiere decir que el Congreso debe hacerse cargo de que eso suceda.

Igualmente, debemos llegar al cambio de mando presidencial con un par de candados legales y constitucionales de alta precisión capaces de preservar al nuevo gobernante de cualquier eventual proclividad a caer en una vacancia o en más de un proceso penal.

A un presidente o presidenta en el Perú no lo mueve nadie de su cargo a menos que dé lugar a una casi imposible vacancia. Pedro Castillo y Dina Boluarte han demostrado lo que es nuestro absolutismo presidencial casi monárquico. La paradoja cruel es que, así como el cargo concentra tanto poder, también concentra, en quien lo ocupa, el destino de poder ir a la cárcel.

Si en verdad queremos disfrutar de reservas presidenciales, preservémoslas bajo ciertas reglas de oro básicas, comenzando por elegirlas bien y terminando por imponerles controles y rendición de cuentas básicos que hoy no las tienen.

Estamos ante la investidura y las funciones de un jefe de Gobierno, jefe del Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la personificación de la Nación. Lo es todo y lo puede hacer todo. Pero, a falta de controles, inclusive de orden protocolar, resulta vulnerable a contactos y tratos con personas o entidades que pudieran involucrarla en actos o acuerdos delictivos.

Un rigor de protocolo presidencial bien puesto no hubiera permitido el lucimiento de relojes Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte. Un rigor de comportamiento presidencial y ministerial bien puesto en el gobierno de Alejandro Toledo no hubiera permitido la aprobación ‘express’ de los contratos con Odebrecht para las carreteras interoceánicas norte y sur.

Hacen falta candados sólidos que garanticen la perdurabilidad de nuestras reservas presidenciales, desde sus postulaciones hasta el final de sus mandatos, pasando por el complejo ejercicio de sus cargos.

No podemos normalizar lo que pasa hoy, con un expresidente excarcelado por indulto (Alberto Fujimori), otro encarcelado por un golpe de Estado fallido (Pedro Castillo), tres esperando posibles condenas en comparecencia y uno detenido, pero los cuatro acusados de corrupción (Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK y Martín Vizcarra) y la presidenta actual (Dina Boluarte) enfrentando más de un proceso penal con vistas a ser ventilados después de julio del 2026.

Tal parece que tendremos mucho tiempo a Palacio de Gobierno como estación previa de los presidentes hacia el penal de Barbadillo. ¿Y para cuándo nuestras reservas presidenciales a salvo? Siquiera una por Dios.