Irresponsabilidad fiscal

El Congreso ha aprobado en primera votación una nueva ley agroindustrial, impulsada por el gremio empresarial, que otorga beneficios tributarios al sector por 10 años. Esta norma contempla una reducción del Impuesto a la Renta de 15%, depreciación acelerada, reintegro del IGV y deducciones adicionales por compras a pequeños proveedores.

No es la primera vez que se impulsa una ley como esta. En diciembre del 2020, la antigua ley agroindustrial –Ley Chlimper– fue renovada por otros 10 años, pese a haber estado vigente ya por dos décadas. La decisión generó una ola de protestas que terminaron con su derogación. Hoy, se insiste. ¿Es realmente necesaria una ley como esta? ¿Cuál es el costo fiscal de su implementación? El MEF estima que la norma le costará al Estado alrededor de S/20.000 millones en sus 10 años de vigencia.

Y, pese a los argumentos del sector para impulsar la ley, y a la derogación de la ley Chlimper, entre el 2022 y el 2024 el valor de las agroexportaciones creció 13,5% anual en promedio. En el 2024 llegaron a US$12.399 millones. Parte de este crecimiento se explica por el desarrollo de infraestructura, los tratados de libre comercio y el régimen laboral agrario, adaptado a la estacionalidad del sector, lo que permitió mejoras sustantivas en productividad. En los últimos 30 años, el Perú logró duplicar su superficie agrícola gracias a grandes proyectos como Chavimochic, Olmos y Majes. Sin embargo, el encarecimiento del régimen laboral ha restado competitividad a ciertas empresas.

El sector agrario es clave para el país: aporta el 4,5% del PBI y genera 3,9 millones de empleos, lo que representa el 27,5% del total nacional. Pero, de esos empleos, el 94% son informales. La brecha salarial entre trabajadores formales e informales del sector agropecuario alcanza un preocupante 145%. Mientras un trabajador informal gana, en promedio, S/683 mensuales, uno formal puede alcanzar los S/2.153.

El contraste dentro del sector es grande. Por un lado, existen grandes agroexportadoras con acceso a tecnología, financiamiento y mercados internacionales. Por otro, pequeños agricultores: el 64% de los productores no accede a riego tecnificado, semillas mejoradas, asistencia técnica ni integración a cadenas productivas. El 16% de la población rural vive en extrema pobreza. ¿Tiene sentido, entonces, aprobar una ley que generará un elevado costo fiscal para beneficiar a un sector que ya es dinámico y competitivo, mientras se sigue desatendiendo a quienes más requieren del Estado?

El Consejo Fiscal lo ha advertido: la estabilidad fiscal, que durante décadas permitió el crecimiento económico del país, se está debilitando. Una de las políticas claves que sostuvieron esa estabilidad fue el tope de déficit fiscal de 2,2%, el cual ha sido incumplido en los dos últimos años. ¿Por qué? Porque tanto el Ejecutivo como el Congreso han aprobado leyes que socavan la sostenibilidad macroeconómica: desde el aumento del 2% del IGV al Foncomún, hasta la proliferación de exoneraciones tributarias (como la agroexportadora), la expansión de zonas económicas especiales, y el incremento de salarios y bonos en el sector público.

Ahora, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para elevar el límite de déficit al 2,5%. Aunque los expertos consideran que el déficit estaría más cerca del 3%. Como ha advertido Julio Velarde, presidente del BCR, se trata de “una tendencia preocupante” cuyos efectos no se sentirán de inmediato, pero socavan las bases del crecimiento futuro.