La suma de todos los males

En este momento, el Perú goza de un nivel de deuda pública envidiable en la región. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se proyecta que este indicador se mantenga en 31,3% respecto al PBI al cierre del 2025; muy por debajo del promedio de América Latina (cercano al 70% del PBI) e incluso por detrás de Chile, un país que, al igual que el nuestro, ha sabido mantener un historial de responsabilidad macrofiscal digno de ser reconocido. Ese buen manejo a nivel macro nos ha permitido gozar de credibilidad económica en el ámbito internacional –junto a la gran labor en el ámbito monetario que ha ejercido el BCR–, y ha sido un catalizador importante del crecimiento registrado en más de dos décadas. Pero tras las decisiones de los últimos años, lamentablemente, todo apunta a que los logros obtenidos están por esfumarse.

Por primera vez, y ante una situación que se torna crítica, el directorio del Consejo Fiscal manifestó al unísono su profunda preocupación por el elevado costo fiscal que asumirá nuestro país en el mediano y largo plazo, ante la gran cantidad de leyes con impacto fiscal adverso que han recibido luz verde del Congreso de la República elegido para el período que culmina este 2026: son casi 230 las iniciativas legislativas aprobadas que tendrán impacto fiscal adverso, para ser precisos. Iniciativas con un costo tan elevado que amenaza los avances de más de tres décadas de trabajo de nuestras autoridades económicas y que, en el peor escenario, puede llevar a que la trayectoria de nuestra deuda pública escale hasta 70% del PBI en el 2036 si la situación no se revierte.

Si queremos verlo de manera fría y objetiva, es más que correcta la afirmación de que el actual Parlamento ha sido, por lejos, el más nocivo para las cuentas fiscales peruanas, avanzando en contra, incluso, de los principios establecidos por la Constitución que tanto han proclamado defender, que precisan que el Congreso no tiene iniciativa para crear o aumentar gasto público (más allá de las cuestionables interpretaciones que ha tenido el Tribunal Constitucional). La situación de desprestigio del Poder Legislativo es aún más significativa si consideramos que, de las más de 200 leyes con impacto fiscal adverso, han aprobado por insistencia cerca de 100 iniciativas legislativas que ostentan un costo fiscal acumulado de casi S/36 mil millones, un monto que es 65 veces superior al costo de todas las leyes promulgadas por insistencia en los últimos 15 años.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en el Poder Legislativo, y eso hay que decirlo fuerte y claro. Mencionaba, por un lado, al Tribunal Constitucional, que abrió la puerta a que se puedan dar iniciativas de gasto desde el Parlamento; y por otro lado está el Poder Ejecutivo (específicamente, el MEF), que se hizo de la vista gorda en los últimos cuatro años, dejando pasar una serie de normas nocivas sobre las que se hacían sendas advertencias. Una suerte de validación a las pretensiones de un Parlamento irresponsable y derrochador.

Si la situación no cambia, el riesgo para nuestro país es enorme. Y aunque el llamado de atención más directo sea para los representantes de este Congreso, hay que recordar que, a estas alturas, poco o nada puede importarles. En adelante, cualquier castigo a la mala labor de los últimos años se deberá hacer sentir en las urnas.