“La incertidumbre siempre es un factor que tiende a detener las inversiones”. Esa frase, que resume lo que vienen repitiendo los gremios empresariales y la mayoría de analistas económicos desde el primer día del gobierno de Pedro Castillo, fue utilizada ayer por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, para advertir sobre los riesgos económicos que genera la presentación en el Congreso de una moción de vacancia contra el mandatario.
Si no fuera por el efecto dramático que ha tenido el alza del tipo de cambio en el incremento del costo de vida de los peruanos, por la preocupación que generan las proyecciones de caída de la inversión privada para el próximo año y por el pánico en el que está sumido el empresariado peruano debido a los desatinos del Ejecutivo, estas declaraciones podrían dar hasta risa.
Pero no causan nada de gracia. Más bien, resulta difícil escuchar las palabras ‘incertidumbre’ e ‘inversión’ en boca de un ministro del Gabinete de Mirtha Vásquez que, al prometer en Ayacucho el cierre de cuatro operaciones mineras, causó que se esfumen cientos de millones de dólares de la capitalización bursátil de Hochschild Mining en la Bolsa de Londres y ha puesto en grave riesgo la llegada de nuevos capitales mineros.
Tampoco resulta nada agradable oír a Francke, que suele minimizar el efecto de la realidad local sobre el tipo de cambio, advertir que “no es coincidencia” que el alza del dólar el jueves “haya sucedido al mismo tiempo que se presentaba la moción de vacancia”, cuando convivió alegremente en el Consejo de Ministros con Guido Bellido, responsable de que el billete verde se haya disparado a niveles récord.
Con todo lo vivido en estos cuatro meses de gobierno, resulta increíble que el Ejecutivo recién reconozca los efectos nocivos de la incertidumbre cuando consideran que los que la generan no son ellos mismos, sino las fuerzas políticas de la oposición.
Hay que decir, sin embargo, que esta preocupación por la inversión no está libre de excepciones. Para Francke, el intento de Vásquez de desconocer el ordenamiento jurídico del sector minero fue producto de “un malentendido” que “ha quedado bastante aclarado”, cuando en realidad aún no podemos medir los efectos que tendrá este impasse sobre la llegada de capitales al país en el corto, mediano y largo plazo.
Con estos antecedentes, sería recomendable que el Ejecutivo eligiera con un poco más de cuidado cómo se defiende de las amenazas de vacancia. Podría centrarse en el válido argumento de que, pese a que Castillo ha demostrado incapacidad para gobernar, hoy no existe ninguna causal que justifique que se declare su permanente incapacidad moral. También podría ampararse en el temor de que una nueva vacancia podría significar un golpe casi mortal para nuestro ya debilitado orden democrático.
Casi cualquier otro argumento resultaría menos indignante que tratar de escudarse detrás de la necesidad de brindar un ambiente de confianza para la inversión, cuando hasta ahora no ha mostrado ningún reparo en condenar al sector privado a la más terrible incertidumbre.
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