Las falacias de la izquierda

Antes de que el presidente Alberto Fujimori llegara al poder en 1990, la educación pública peruana estaba técnicamente en quiebra. El gasto en educación había caído del 3,5% del PBI a inicios de los setenta a apenas el 2,2% en 1990. Para sostener la expansión de la matrícula sin financiarla, el Estado comprimió durante dos décadas los salarios docentes: los maestros ganaban 30% más en los años setenta y 23% menos en 1990. En cinco departamentos de la sierra, menos del 55% de los niños asistía a la escuela.

Sobre esa realidad, la política educativa del presidente Alberto Fujimori actuó en dos frentes: duplicó el gasto público por alumno entre 1990 y 1996, consiguió el mayor préstamo del Banco Mundial para educación primaria hasta entonces, y construyó 1.500 colegios y 13.000 aulas entre 1995 y 1997. Al mismo tiempo, la Constitución de 1993 y el Decreto Legislativo 882 de 1996 abrieron la puerta a la inversión privada en educación mediante incentivos tributarios. Las escuelas primarias privadas pasaron de 2.405 en 1990 a 5.862 en el 2000. Esa apertura no fue una ocurrencia ideológica de un gobierno autoritario. Fue la misma política promovida y financiada por el Banco Mundial para América Latina, que consideraba al sector privado un aliado para ampliar la cobertura donde el Estado no podía llegar. Cuando otros gobiernos la aplicaron, fue llamada “reforma estructural”; cuando la aplicó Fujimori, fue llamada “desmantelamiento de la educación pública”.

Es cierto que la brecha urbano-rural persistió y que la oferta privada se concentró donde existían incentivos económicos. Sin embargo, treinta años después, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje “ENLA 2024” muestra que la educación privada mantiene mejores resultados que la pública. La izquierda suele atribuir esa ventaja únicamente a los colegios de élite. Pero los datos del propio Ministerio de Educación muestran que incluso los colegios privados de bajo costo, muchos surgidos al amparo del Decreto Legislativo 882, obtienen resultados prácticamente iguales a los de los colegios públicos urbanos, y ningún segmento privado rinde por debajo de su equivalente estatal.

Eso significa que la apertura educativa creó una alternativa real para millones de familias frente a un sistema público que en 1990 estaba desfinanciado. No fue perfecta, pero funcionó.

Sostener, como afirma la reaparecida política de izquierda y senadora electa Mirtha Vásquez, que el fujimorismo “destruyó la calidad educativa” exige ignorar que este duplicó el gasto por alumno, contribuyó a expandir la infraestructura educativa y promovió un modelo cuya oferta privada, hoy, iguala o supera a la pública según cifras oficiales.