Las palabras ‘ética’ y ‘lucha contra la corrupción’ han sido mencionadas millones de veces en las últimas semanas. Según la siempre oficial Real Academia Española, ética significa: “recto, conforme a la moral. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, que se resume como ética profesional”.
Habría que preguntarse si el cargo de congresista corresponde a una profesión o es más bien una vocación o un oficio político. Si aplicamos esta última acepción, asumiremos automáticamente que la política y la ética no se llevan bien. Son como el agua y el aceite, aunque no debería ser así. Aspirar a ello es un ideal, mas no algo realizable.
Y lo vemos en el día a día. En el Congreso anterior se tuvo que crear una Comisión de Ética porque había faltas en la conducta de los parlamentarios. Algunas aberrantes como el abuso sexual, otras estrambóticas como obligar a una trabajadora del Congreso a lavarle los pies a una representante nacional, aunque luego se aclaró que no fue así.
En este período parlamentario las faltas apuntan al llamado conflicto de intereses y a mentir en la hoja de vida, aunque también hay denuncias por violación sexual, como fue el caso del suspendido congresista Walter Acha. El Poder Judicial fue más benévolo porque no pidió su detención inmediata como ocurre con estos delitos.
La Comisión de Ética ha visto cerca de 80 casos de parlamentarios y ha sancionado más de 10. No puede hacer más, los congresistas cuestionados siguen ahí con la ética perforada. Claro está que mejor es tener una Comisión de Ética que no contar con ella. Y aunque hace unos días se vino abajo, afortunadamente se recompuso y para bien. La presión para politizarla hizo que se manejara con el pernicioso ‘cuotaje’.
‘Cuotaje’ es igual a blindaje. Cuando esto ocurre, la Comisión de Ética se vuelve un campo de batalla. Este segundo debut estuvo marcado por la decisión que se tomó frente al caso de una conspicua congresista nacionalista. Exculparla llevó a la debacle de la comisión. Ahora su caso será reabierto y esperamos no ver el desagradable pulseo político.
La congresista en cuestión tiene una relación sentimental con el dueño de la empresa Punto Visual, lo saben todos, viajan juntos, pero ella ha elegido la estrategia de defensa de no declarar sobre este punto. Ahora se suma la denuncia de una colega parlamentaria sobre violación de la privacidad de sus comunicaciones. La ética estará a prueba.
Frente al embate ‘anticorrupción’ en los gobiernos regionales no hay falta ética sino delito mondo y lirondo. Los presidentes regionales no gozan de la inmunidad (impunidad) parlamentaria y están siendo enviados al bote masivamente. Como comentó un funcionario público recientemente: “Se les está yendo la mano. No pueden meter a la cárcel a tanta gente. Al final será contraproducente porque nadie querrá trabajar para el Estado si va a terminar en la cárcel”. ¿Se animaría usted?