El Perú atraviesa una crisis de seguridad que parece no tener precedentes. Y, en este contexto, la minería ilegal, al estar estrechamente vinculada a actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y el sicariato, se ha convertido en uno de los principales motores de la violencia en varias regiones del país. Por ejemplo, en La Libertad y Huamachuco, la ilegalidad disfrazada de minería ha transformado estos espacios en focos de extorsión y confrontación, afectando gravemente la calidad de vida de las comunidades.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, con más de 720 operativos de interdicción realizados durante el 2024, la percepción ciudadana es clara: el Estado no está logrando frenar la creciente inseguridad. Según un estudio de Datum Internacional, el 77% de los peruanos considera que la situación ha empeorado, lo que subraya la urgente necesidad de acciones concretas y efectivas.
Ante esta realidad, la reciente Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal representa una oportunidad para cambiar el rumbo. Con seis ejes clave —desarticulación de redes criminales, intervención en zonas críticas, formalización minera, impulso de actividades alternativas, trazabilidad de materiales y cumplimiento tributario— esta iniciativa podría marcar un punto de inflexión si se ejecuta con decisión.
Pero la verdadera prueba de esta estrategia radica en su implementación. Es fundamental asegurar una asignación efectiva de recursos, un fortalecimiento de los procesos de fiscalización y una coordinación real entre los diversos organismos e instituciones involucradas, para trabajar de forma conjunta y lograr resultados concretos y sostenibles.
Un aspecto crítico de esta lucha es la adecuada implementación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE), cuyo debate ha sido objeto de presiones por parte de sectores informales. Estos grupos buscan una ampliación indefinida del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y han propuesto que el Banco de la Nación compre su oro, lo que podría abrir la puerta a prácticas de lavado de dinero y fortalecer aún más la minería ilegal. Esta es una amenaza real que no debe subestimarse.
Es necesario que el Ejecutivo tome una postura firme para evitar que la minería informal se disfrace de un proceso de formalización legítima. La prórroga indefinida del Reinfo solo prolongará la incertidumbre y la inseguridad en las regiones afectadas, lo que podría ser devastador tanto para las comunidades como para el futuro del sector. Se necesita un marco normativo claro que diferencie a los mineros que buscan formalizarse de quienes operan al margen de la ley, asegurando que la trazabilidad y el cumplimiento tributario sean requisitos innegociables.
La lucha contra la inseguridad y la minería ilegal no puede seguir esperando. Desde el sector privado estamos comprometidos con apoyar al Estado en la implementación de propuestas y acciones concretas que contribuyan a erradicar esta problemática. Es momento de actuar con decisión y de manera conjunta, porque la inacción solo continuará alimentando el descontento y la violencia en nuestras comunidades.
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