¿De quién son las minas?

¿A quién pertenecen los recursos mineros del país? ¿A los propietarios de los terrenos donde ellos se encuentran? ¿A las poblaciones asentadas en dichos territorios desde tiempo inmemorial? ¿A los apus? La legislación peruana ha seguido en esta materia la tradición española y, en general, latina, estipulando que dichos recursos pertenecen al Estado en tanto representante del conjunto de la nación. Pero que este puede conceder su explotación a personas o empresas, peruanas o extranjeras, bajo un contrato en que se consignan los derechos y deberes de estas, tales como respetar el medio ambiente y los derechos de terceros, así como pagar impuestos y regalías que compensen a la nación por el beneficio que se les cede.

Sin embargo, dada la dificultad que conlleva vigilar el acceso a los yacimientos mineros dispersos por el territorio, muchos de los cuales son incluso desconocidos, ha sido frecuente que, en épocas de subida del precio de los metales, el Estado haya sido incapaz de hacer respetar sus derechos de propiedad y el de las empresas con la que había pactado una concesión. Cuando se han disparado al alza los precios de metales que pueden ser refinados en pequeña escala con métodos artesanales, como la plata, el mercurio y sobre todo el oro, un enjambre de campesinos abandona sus cultivos y ganados, para, barreta y dinamita en mano, explotar los filones o escoriales de los minerales favorecidos por la lotería de los precios. En coyunturas de este tipo, la Conacami (Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería) cede protagonismo a la Confemin (Confederación de Pequeños Mineros y Minería Artesanal) en la política nacional.

En un país minero como el nuestro, los campesinos han tenido casi siempre, al menos desde el período colonial, un pie en las chacras y otro en las minas, y en ciertas regiones, cuando los precios de los metales se calentaban, la actividad minera se convertía en su ocupación principal. Estos mineros informales o de temporada fueron conocidos como ‘kajchas’ en Potosí, ‘humaches’ en Huancavelica y ‘bolicheros’ en Cerro de Pasco. Escarbaban los escoriales dejados por la minería formal, robaban minerales de los socavones en los que a veces ellos mismos laboraban como operarios, o compraban minerales de origen ilícito para refinarlos artesanalmente. El Estado y los empresarios formales nunca pudieron desterrarlos. Se optó por tolerarlos, tratando de poner un límite a sus actividades, a cambio de la permisividad. El costo de esta actitud fueron ciertos derrumbes y accidentes mineros, una dosis de contrabando y, probablemente, una disminución de la inversión minera que habría podido conseguirse de haberse impuesto un cumplimiento riguroso de los derechos de propiedad.

Un problema de fondo que nos devuelve a la pregunta con que empezamos es que, a diferencia de lo que fueron las ordenanzas de minería de la época del virreinato, la legislación republicana permite que los titulares de las concesiones puedan mantener la vigencia de sus derechos sin tener la mina en labor. El espectáculo de regiones pobres y aisladas, preñadas de minas cuya explotación podría dar empleos y ayudarlas económicamente, aunque nunca debe consentir el bloqueo de carreteras ni la afectación de terceros, subleva lógicamente a las poblaciones involucradas y aviva esta tendencia.

Revisando la historia, no se avizora una solución fácil al problema de la minería informal. El Estado luce débil como para expulsar a 100.000 mineros informales que ocupan yacimientos que en su mayor parte están ya concesionados. En el corto plazo, mientras persistan los actuales precios del oro, lo recomendable es que el Estado y los mineros formales e informales lleguen a un acuerdo, como en el pasado. En el largo plazo, lo ideal sería que las reglas formales de la propiedad minera sintonicen mejor con las ideas sobre los derechos a los recursos naturales que priman entre la población.