El gobierno ha solicitado facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, entre otros temas. No conocemos las medidas que adoptaría. Solo sabemos qué cree que es importante.
El gobierno pretende reordenar la migración. Quiere, además, dar leyes para el rastreo, la localización, la geolocalización, entre otros temas de vigilancia.
Facilitar estas tareas a la policía puede ayudar a combatir el crimen. También puede ser útil legislar sobre el sistema nacional penitenciario.
La solicitud plantea regular la participación en el orden interno de las Fuerzas Armadas. Además, busca normar el uso de la fuerza por parte de las FF.AA.
Este es un saludo a las graderías. La gente pide la presencia de las FF.AA. en las calles. El gobierno la otorga.
No es eficaz darles a las FF.AA. una tarea para la que no están preparadas. El efecto disuasivo que suelen tener las FF.AA. no sirve para detener la ola criminal, solo para tranquilizar a ciertas amas de casa.
¿Pueden las FF.AA. participar en una balacera con delincuentes? ¿Qué pasa si un miembro de las FF.AA. mata a una persona? Otra pretensión del gobierno es poder declarar terroristas a las organizaciones criminales. En vez de forzar una figura, el gobierno debería dar medidas para castigar directamente a las organizaciones criminales.
Hacer pasar un hecho delictivo por otro puede traer consecuencias. Puede aparecer un resquicio de ilegalidad que, inmediatamente, favorecería a los delincuentes.
No hay en la solicitud medidas que refuercen el trabajo de la inteligencia policial. Tampoco se ven normas que faciliten el apoyo a las Dirincri o a las módulos de flagrancia.
Las facultades solicitadas no revelan un plan para articular a la policía con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin la posibilidad de rastreo y vigilancia de las carpetas fiscales, las sentencias y su cumplimiento, se trabajará en vano.
El gobierno también quiere legislar con relación a la reinserción social juvenil. Esto es una pérdida de tiempo. Debería pedir facultades para legislar sobre los delincuentes juveniles, los asesinos y los sicarios juveniles.
No hay, tampoco, como se puede ver, un replanteamiento de penas para delitos feroces que se cometen hoy en día.
Esperemos que la legislación sobre el sistema nacional penitenciario garantice el cierre de las comunicaciones de los penales. No se puede admitir que las extorsiones sean comandadas desde las cárceles.
Esperamos, además, normas que faciliten la construcción rápida y simultánea de centros penitenciarios. Hay mucho por destrabar, desregular y legalizar.
El gobierno parece desaprovechar esta oportunidad.
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