Periódico de ayer

El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, claramente, han volteado ya la página de la convulsión social, como si los alrededor de 60 muertos producidos durante las protestas fueran ‘materia olvidada’, en palabras del gran Héctor Lavoe. También parece ser noticia de ayer que un grupo de regiones del país permanezca en estado de emergencia, que en Puno las FF.AA. sigan siendo las encargadas del orden interno, o que la economía peruana haya perdido más de S/3.600 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para el Ejecutivo y el Legislativo, estamos volviendo, poco a poco, a la normalidad. Esta es una apuesta riesgosa, especialmente si vemos que no se ha hecho absolutamente nada para resolver el problema de fondo que dio origen a las protestas: que una gran parte del país responsabiliza de la crisis a Dina Boluarte y al Congreso.

No lo digo yo. Lo dice la última encuesta de Ipsos en el ámbito nacional, según la cual, el 51% de los peruanos opina que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado del Congreso, que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte. ¿Qué ha hecho realmente el gobierno o el Congreso para cambiar esa equivocada percepción? Nada efectivo, al parecer.

En Lima, el porcentaje baja a 35%, aunque aún es preocupante que más de un tercio de los habitantes de la capital no responsabilice a Castillo de haber dado un golpe de Estado. En otras ciudades, un 56% ve al expresidente como víctima y en las zonas rurales esta creencia es compartida por el 69%.

Este es el motivo detrás de exigencias como la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, pero parece que nuestras autoridades no solo hicieron oídos sordos a esos pedidos, sino también a lo que se escondía detrás de ellos.

No ayudan a combatir esa narrativa el triunfalismo del Congreso ni la tibieza con la que Boluarte ha impulsado el adelanto de elecciones. Tampoco creo que sea útil para resolver la convulsión social que las autoridades del Ejecutivo no consideren que son parte de un gobierno de transición, cuando ese fue uno de los primeros errores de la presidenta Dina Boluarte.

Un ejemplo es el MEF, que además de paquetes de reactivación y cambios legislativos a través de facultades delegadas, ahora ha anunciado que está trabajando en una propuesta de reforma del sistema de pensiones que presentará en marzo al Congreso.

Por supuesto que una reforma previsional que permita incrementar la cobertura y las pensiones sin poner en riesgo las finanzas públicas es extremadamente necesaria, pero sería ideal que el gobierno que la propusiera, y el Congreso que la debatiera y aprobara, contaran con más estabilidad que la proveniente de haberse ‘hecho los locos’ con el adelanto de elecciones.

La apuesta es, como digo, arriesgada. Solo nos queda desear que la realidad no demuestre, una vez más, la incapacidad –o falta de voluntad– de nuestras autoridades para leer lo que está pasando en el país. Y que el costo, esta vez, no sea aún más alto.