Hace unos días, el presidente del Consejo de Ministros, pese a reconocer que Petro-Perú tiene un serio problema de gobernanza, anunció que la presidenta ha descartado “de manera categórica” que la empresa vaya a ser privatizada. Más aun, sostuvo que el Gobierno redoblará “esfuerzos para dotar los recursos financieros que Petro-Perú requiera para seguir operando”.
Entre el 2013 y el 2022 Petro-Perú recibió S/10.800 millones para operaciones de endeudamiento, vinculadas principalmente a la nueva Refinería de Talara, importaciones de crudo, combustibles y derivados. Además, ha recibido S/5.700 millones en aportes de capital y S/3.700 millones de préstamo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de corto plazo. En total, la petrolera estatal ha recibido hasta el 2024 S/20.200 millones del Estado (IPE). Desde hace años se viene advirtiendo sobre el despropósito que el Estado Peruano está haciendo en el sector hidrocarburos; sin embargo, ningún gobierno ha decidido tomar acción.
Al primer trimestre del 2024, la deuda financiera de Petro-Perú ascendía a US$6.200 millones y, para poder salir de la insolvencia y operar, el Gobierno deberá extenderle líneas de crédito y garantías por cerca de US$3.000 millones. Más recursos que serán desviados y que implica que proyectos para reducir la brecha de acceso a agua y saneamiento, mejorar la capacidad instalada de los hospitales o la infraestructura de los colegios no podrán ser financiados.
En nuestro país, el Estado solo puede realizar actividad económica de manera subsidiaria. Esto es, la Constitución prohíbe de manera general que el Estado haga actividad empresarial y solo puede ser autorizado a realizar actividad económica ahí donde no llega el privado. Esta prohibición existe porque el Estado no es empresario y no debe serlo. Primero, porque es el sector privado el que puede desarrollarlas de manera más eficiente y sin costo para el país, y segundo porque la evidencia demuestra que en las empresas públicas existe (i) interferencia política en la toma de decisiones; (ii) falta de incentivos para el buen gobierno corporativo, porque en estricto la empresa no tiene un real accionista, y (iii) falta de competencia, ya que el Estado suele aprovecharse de su posición. En el 2023, Petro-Perú registró pérdidas por US$1.067 millones. El problema con las empresas públicas es que, al no tener dueño, ningún ministro asume las consecuencias por sus malas decisiones. Y así, el forado continúa, mermando los recursos que podrían ser destinados a mejorar la calidad de vida de los peruanos más pobres.
En nuestro país existen empresas privadas que operan en todo el ciclo del petróleo. Primero, en la exploración, extracción y producción; luego, en el transporte, almacenamiento y procesamiento; y, finalmente, en el refino, venta y distribución. Entonces, ¿por qué existe Petro-Perú? Porque, después del proceso de privatización de los 90, ningún presidente ha tenido la voluntad política ni la valentía de continuar con las privatizaciones. No solo eso; nadie ha tenido la valentía de enfrentarse a la planilla dorada de la empresa petrolera ni a la politiquería barata y los sueños de opio de la empresa pública propia de los políticos de la izquierda peruana. Según un informe de la consultora Arthur D. Little de julio del 2023, Petro-Perú tiene un exceso de 900 trabajadores.
Es urgente que la dirección de Petro-Perú pase a manos privadas.
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