Petrocuentas pendientes

Un juzgado de trabajo ha recibido una demanda indemnizatoria de Petro-Perú contra uno de sus exgerentes, por beneficiar desvergonzadamente a una funcionaria que estaba por ser sancionada. El caso pasará a engrosar una lista de muchos ejemplos del manejo irresponsable, por momentos delictivo, de la empresa. El 30 de diciembre del 2025, la jefa de personal, Melissa Velásquez, fue inhabilitada por 120 días por la Contraloría General de la República (CGR). Tres días antes, sabiendo que el proceso sancionador estaba en curso, el gerente general de entonces, José Manuel Rodríguez, autorizó que Velásquez se acogiera a un programa de desvinculación voluntaria. Cuando la inhabilitaron, ya no trabajaba en Petro-Perú y tenía en su cuenta beneficios económicos improcedentes.

Rodríguez conocía el proceso porque dio su conformidad al pago de la defensa legal de la investigada. La CGR le había impuesto a Velásquez una sanción mayor, que rebajó luego de que ella apelara a fines de diciembre. El funcionario que precalificó el acogimiento al retiro voluntario era coimputado con ella en el mismo expediente de la Contraloría. La consulta a la Gerencia de Cumplimiento sobre la pertinencia del beneficio se hizo dos días después de que se le hubiera concedido. Esta dependencia respondió que ya no tenía nada que opinar. Lo extraordinario del incidente no estriba en el monto del perjuicio –Rodríguez podría tener que devolver a Petro-Perú medio millón de soles–, sino en la obscenidad del comportamiento. Parecería parte de la normalidad. Ocurrió cuando ya había alertas sobre la empresa desde hacía buen tiempo.

Una irregularidad peor está comenzando a ser investigada por una fiscalía anticorrupción, ante otra denuncia presentada por Petro-Perú. Deberá establecer si alguien fue coimeado –y cómo– por los vendedores de crudo Gunvor y Vitol, que ante las autoridades norteamericanas confesaron haber realizado pagos ilícitos en varios países de la región. Entre el 2012 y el 2020, Gunvor depositó más de US$ 97 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador a través de empresas fantasma para obtener crudo a precios devaluados. El producto fue revendido en Lima. Entre el 2015 y el 2021, Gunvor ganó 54 contratos, cinco de ellos sin ser el postor más barato, mientras su CEO, Raymond Kohut, mantenía familiaridad con los funcionarios encargados. Las ventas de crudo y biodiésel de Gunvor a Petro-Perú superaron los US$ 1,7 millones. Vitol, por su parte, vendió hidrocarburos a Petro-Perú manteniendo relaciones sociales impropias con funcionarios. La mercancía también tenía un origen ilícito. En el 2020, Vitol admitió en Nueva York haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, y aceptó pagar US$ 135 millones en multas. En el 2023, el directorio de Petro-Perú contrató por US$ 769,000 al estudio norteamericano Paul Hastings LLP para que hiciera una investigación exhaustiva de las compras durante los años en los que Gunvor y Vitol se la pasaron sobornando en América Latina. Le entregó tres mil correos electrónicos y documentación de más de 800 transacciones, no sin antes declarar confidenciales todos los archivos. La investigación fue entregada en abril del 2025, pero recién en mayo del 2026 el directorio, presidido por Edmundo Lizarzaburu, la derivó a la fiscalía.

¿Cuánto habrá dejado caer Raymond Kohut en las 36 visitas que hizo a Lima, incluso en períodos de licitaciones? Ha trascendido que el informe contiene fuertes indicios de corrupción, especialmente en las compras de crudo ecuatoriano de Gunvor realizadas por Petro-Perú, en las que Kohut participó la mayoría de las veces. Sin embargo, el informe solo pudo detectar invitaciones a comer y comunicaciones no autorizadas que podrían ser ilegales en los Estados Unidos, pero no en el Perú. Los funcionarios entrevistados dijeron que no sabían si estaba mal. Por la naturaleza de la investigación, Hastings no accedió a las comunicaciones de los teléfonos móviles. Lo cierto es que solo una investigación fiscal en regla podrá llegar a la verdad.

El peligro ahora es que el proceso siga el modelo de Lava Jato, con interminables diligencias, con exceso de imputados y perdiéndose en asuntos secundarios. La diferencia es que Kohut no admitió pagos ilícitos en el Perú, de modo que se impone una búsqueda sin la delación del corruptor, como están mal acostumbrados los fiscales. Quiera el destino que el Ministerio Público no esté pensando en utilizar cinco años para llegar a conclusiones valederas, cubierto bajo el capote de la reserva del proceso. Lo mejor que podría ocurrir ahora es que el directorio, por propia iniciativa o ante un pedido ciudadano basado en la ley de transparencia, desclasifique el informe de Hastings. Así sabríamos cuál es la línea de base de los fiscales.

Existen otras investigaciones necesarias, como la que podría comprobar supuestos negociados cuando indebidamente se restringió la participación de empresas extranjeras en la provisión de biodiésel para favorecer a proveedores nacionales que no podían abastecer el mercado. Fue durante el período de Pedro Castillo: 2021-2022. O la igualmente irregular limitación para comprar insumos antiincendios que no fueran norteamericanos, una restricción que duplica el precio de los sistemas y que ocasionó la investigación que realiza la Comunidad Europea, con la que tenemos un TLC, por el bloqueo a sus productos. O la contratación de aseguradoras a dedo, el sobredimensionamiento de planillas y los conflictos de interés de los directores sindicales. O, saltándonos otros casos, la contratación de servicios de masajes en el 2020. Pero ninguno es tan importante como la indagación que debería responder si fue corrupción o ineptitud lo que causó el sobrecosto de la Refinería de Talara.

En un informe para Gato Encerrado, el muy discutido ex gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo (2021-2022), comparó la situación con el error de un taxista que se endeudó para comprar un auto lujoso, pagando cuatro veces más que por uno modesto. Con ambos vehículos haría el mismo número de carreras al día, pero sus ingresos le permitirían pagar el crédito de un Nissan Sentra, no el de un Mercedes-Benz. Así, aun cuando la Refinería de Talara produjera 95,000 barriles diarios, que es el tope de su capacidad, sus utilidades no le alcanzarían para pagar las cuotas de la deuda por US$ 6,500 millones que terminó contrayendo. A esta cifra, 4.5 veces superior a lo proyectado, se llegó luego de estudios y planeamientos que se revelaron equívocos. Entre otras distorsiones, cuando la planta principal ya estaba construida, faltaban la provisión de agua, la energía y el hidrógeno que proporcionaban las plantas auxiliares, que se hicieron después. Con la refinería sin producir, crecieron la deuda y los intereses.

La demanda interna de refinados, que bordea los 200,000 barriles diarios, es cubierta en su mayoría con hidrocarburos del mercado externo, porque la producción nacional apenas llega a 35,000 barriles. Los estudios realizados no demuestran el beneficio de que la refinería se dedicara a procesar crudo importado. En este esquema, los beneficiados son los traders que suministrarán hidrocarburos con contratos de largo plazo, así como los abastecedores de la sobrevaluada seguridad industrial de la que es cautiva la planta. El sobredimensionamiento pudo deberse al interés de favorecer a terceros. Petro-Perú aún no encargó una investigación forense sobre cómo se botó tanta plata.

No está claro si se desea un análisis sobre la idoneidad de las decisiones, los problemas técnicos del proyecto, los dilemas financieros o la búsqueda de un caso de corrupción. Una vez definido aquello, se escogerá una firma experta. El producto debiera esclarecer lo ocurrido de manera fehaciente y documental, de forma que pueda ser empleado en instancias judiciales o arbitrales, si fuera necesario. De lo contrario, sería un encargo para quedar bien con las tribunas. O sea, un despilfarro más.