El sol con un dedo

El gobierno de Dina Boluarte tiene una relación intrincada, por decir lo menos, con la realidad. Si no, no se explica el intento fallido de postergar por una semana la publicación de las cifras oficiales de pobreza del 2023 elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esa semana tuvo que convertirse en un día tras el aguacero de críticas que surgieron ante el riesgo de que se estuviera buscando manejar políticamente el accionar del INEI, un ente cuya utilidad depende enteramente de que se le perciba como técnico, confiable e independiente del gobierno de turno.

La futilidad de este esfuerzo es lo que hace este episodio más descabellado, especialmente porque ya se conocía que la mandataria y el Consejo de Ministros habían accedido a los resultados en una presentación del propio jefe del INEI, Peter Abad Altamirano.

¿Qué pretendían lograr? Las cifras iban a salir a la luz tarde o temprano y no es que sea posible maquillarlas, pues una comisión consultiva de entidades y expertos independientes supervisa estos cálculos.

Además, la caída de la economía y de la inversión privada el año pasado ya habían llevado a las principales consultoras a pronosticar un aumento de la pobreza en una proporción similar a la registrada por el INEI.

Y si pensamos más allá de los expertos, es difícil pensar que el detalle sobre cuánto aumentó la pobreza monetaria vaya a coger desprevenidos a los millones de peruanos a los que no les alcanza la plata o a aquellos que no viven en la misma burbuja que la mandataria.

Pero, incluso si no nos sorprende que 596.000 peruanos hayan caído por debajo de la línea de la pobreza monetaria, nada le quita lo impactante. Con un 29% de la población, o 9′780.000 personas, sin capacidad de cubrir el costo de la canasta básica de consumo (que aumentó un 7,3% a S/446 por persona al mes), no solo superamos el 27,5% del 2022, sino que nos distanciamos aún más del 20,2% al que alcanzamos a reducir la pobreza monetaria en el 2019, antes de la pandemia.

Ya publicadas las cifras, ahora la estrategia es minimizarlas. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha opinado que “la hemos sacado barata”, que es seguramente lo que quieren escuchar del responsable de la política económica del país los 249.000 peruanos que cayeron en la pobreza extrema porque no tienen los S/251 al mes que cuesta la canasta básica de alimentos.

Igual, el intento de tapar otro sol con un dedo no nos debería sorprender de este gobierno que, recordemos, no es débil, tiene un excelente manejo económico y tiene aseguradas las posibilidades de llegar a julio del 2026.