¿Qué está pasando en Machu Picchu?

"El Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu tienen una responsabilidad directa".

En 1981, el Estado Peruano declaró a Machu Picchu Santuario Histórico Nacional, y dos años después la Unesco lo inscribió como Patrimonio Mundial. Es mucho más que una atracción turística: es uno de los más importantes legados que el Perú ofrece a la humanidad. En el 2007 fue declarada una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, reconocimientos que nos obligan a estar a la altura. Hoy, lamentablemente, estamos muy lejos de cumplir esa promesa. Machu Picchu está en peligro. El desorden en la gestión de los flujos turísticos, la falta de control territorial, el sobrepoblamiento y la ausencia de una gobernanza articulada y eficaz lo amenazan seriamente. Pese a que las soluciones existen y están sobre la mesa, no es un problema técnico. Es, claramente, un problema político.

Expertos han propuesto planes técnicos para regular el acceso, diversificar las experiencias turísticas, preservar el entorno natural y ordenar el crecimiento urbano. Herramientas como el uso de boletos digitales, control de aforo en tiempo real, trazabilidad de visitantes, rutas alternas y medidas de protección ambiental existen. Lo que falta no es conocimiento técnico, sino voluntad política. Y no podemos señalar únicamente al Gobierno Central. El Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu tienen responsabilidad. Lejos de liderar procesos de ordenamiento y conservación, muchas veces han actuado guiados por intereses particulares, cediendo a la presión de grupos y utilizando el patrimonio como herramienta de poder político. El resultado: improvisación, sobreexplotación y deterioro.

No estamos frente a un problema sin solución, sino frente a un sistema que ha normalizado la inacción y ha antepuesto intereses subnacionales al deber de proteger un bien que pertenece al Perú y al mundo. No podemos seguir improvisando ni permitir que los intereses locales secuestren decisiones que exigen una mirada nacional e internacional. El Ejecutivo debe ejercer con firmeza su autoridad y liderazgo, y las autoridades deben asumir su responsabilidad histórica con visión de futuro.

"Mientras tanto, el turismo es el principal perjudicado. Cada huelga, cada día de caos, es una invitación para que el visitante internacional elija otro destino".

Machu Picchu vive una crisis de gobernanza que amenaza su futuro. La ciudadela está bajo asedio permanente de intereses económicos que, disfrazados de causas sociales, han convertido su gestión en un botín político. No existe una autoridad única que proteja el sitio. El Ministerio de Cultura, dueño de la última palabra, se limita a recaudar y no invierte en mantenimiento ni en profesionales que vean algo de turismo. El Mincetur solo opina, pero no decide. La Unidad de Gestión de Machu Picchu es una mesa de diálogo sin dientes. Y las autoridades regionales y locales están más preocupadas en asegurarse una tajada de los 200 millones de soles usando arengas que enervan la actitud ciudadana.

El caso de la ruta de buses hoy es el principal problema. Consettur, que maneja la concesión más cara del planeta por kilómetro, se aferra al negocio, aunque su contrato ya venció. La empresa rival, Santiago de Torontoy, no es mejor: también usa conexiones políticas para entrar a la fuerza. El resultado: sabotajes, bloqueos, enfrentamientos y un espectáculo bochornoso que aleja turistas y mancha la imagen del Perú.

Mientras tanto, el turismo es el principal perjudicado. Cada huelga, cada día de caos, es una invitación para que el visitante internacional elija otro destino. Estamos jugando con fuego: si seguimos así, no solo perderemos ingresos, sino el prestigio global de Machu Picchu y nuestro lugar en el turismo mundial, y perder el título de maravilla es el menor de los males.

La solución es clara: necesitamos una autoridad única para Machu Picchu, con capacidad de decisión técnica y libre de presiones políticas. Debe declararse en emergencia nacional, nombrar profesionales idóneos, licitaciones transparentes y control ciudadano real. Machu Picchu no puede seguir siendo el botín de unos pocos: es patrimonio de todos y del mundo.