Las leyes recientemente aprobadas por el Congreso que restauran la cédula viva para maestros militares y policías amenazan no solamente la estabilidad fiscal sino también la atracción y retención de talento en sus respectivas instituciones. El Gobierno debería observarlas y si fuera necesario pedirle al Tribunal Constitucional que las abrogue.
La cédula viva consiste en que los jubilados de una determinada institución reciban una pensión que se nivele periódicamente con los sueldos correspondientes a los rangos y funciones que ostentaron y cumplieron inmediatamente antes de jubilarse. Era una práctica común en el sector público en los años 80 y 90 del siglo pasado y una carga pesada para el presupuesto de la república. Costó muchísimo políticamente hablando eliminarla pero al final se logró.
El Consejo Fiscal ha calculado que la cédula viva para los maestros significará un gasto adicional de S/8.000 millones al año; y para los militares y policías S/15.000 millones al año. ¿Quién pagará la cuenta?
La respuesta convencional es “los contribuyentes”. Pagaremos con mayores impuestos o con menores o peores servicios; porque si los impuestos no suben habrá que recortar otros gastos. Pero esa respuesta es correcta solamente en el corto plazo. Con el paso del tiempo la carga se irá trasladando a un grupo específico: el de los maestros militares y policías en actividad.
Es sumamente improbable por no decir imposible que el fisco pueda recaudar S/23.000 millones más al año para financiar la cédula viva. El nuevo Congreso será tan populista como el actual y difícilmente aprobará un aumento de impuestos de esa magnitud. El pago de la cédula viva tendrá que salir entonces del presupuesto que ordinariamente se asigna a los ministerios de Educación Defensa e Interior.
Lo que va a suceder es que a futuro cada vez que se contemple un aumento de remuneraciones para los maestros militares o policías en actividad se tendrá que considerar el efecto en las pensiones. La plata destinada a la mejora de los ingresos tendrá que repartirse entre el personal en actividad y los ya jubilados. El impacto se distribuirá en toda la escala de remuneraciones desde el teniente hasta el general.
El efecto más pernicioso de la cédula viva es el desincentivo económico para aquellos con verdadera vocación para la carrera magisterial militar o policial. Los que estén pensando ingresar podrían desanimarse. Los que ya hayan ingresado sobre todo los mejor preparados mirarán de reojo lo que se paga en el sector privado y se sentirán tentados de dejarla. La cédula viva prácticamente garantiza que si se quedan seguirán mal pagados.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Latinoamérica
