"El recambio de Gabinete ha sido visto como una salida a la crisis política que vive el país". (Foto: Presidencia del Perú)
"El recambio de Gabinete ha sido visto como una salida a la crisis política que vive el país". (Foto: Presidencia del Perú)

La semana pasada, tras el anuncio de la interpelación a la ministra de Educación por parte de la bancada mayoritaria keikista, se originó una nueva crisis política que ha derivado en una renovación parcial del Gabinete Ministerial. ¿Qué plantean estos hechos sobre la dinámica política del país a corto y mediano plazo?

El keikismo volvió a actuar de manera reactiva. Contra todo pronóstico, apostó por negar la cuestión de confianza, poniendo en riesgo su propia estabilidad. El peligro para ellos es que el votante medio los perciba como demasiado obstruccionistas pero, probablemente, sus cartas están puestas a futuro. Desde el 2011, parece estar jugando a la estrategia Evo 2003: desestabilizar gobiernos de rivales políticos e ideológicos para convertirse, a futuro, en la única opción viable. Esta estrategia no parece tan jalada de los pelos en un país que valora la estabilidad, aunque la diferencia puede residir en que Keiko no es Evo. No tiene bases sociales tan amplias (personalmente, creo que se sobredimensionan las alianzas que Fuerza Popular ha logrado construir) ni el carisma avasallador del presidente boliviano. El riesgo más importante es que todo el caos que están cosechando lo recoja en el futuro un liderazgo antisistema.

Por otro lado, tras un primer intento por hacer frente a la avanzada naranja, finalmente el presidente recompuso el Gabinete con personalidades afines al alanismo y, con ello, al fujimorismo. De ahí que, desde sectores institucionalistas se ha pasado del entusiasmo a la crítica. No obstante, ¿tenía el gobierno otra salida? Lo que la nueva formación ministerial nos dice es que hay un Ejecutivo con el afán de sobrevivir hasta el 2021 sin mayor preocupación que mantener los fundamentos del modelo económico. La reforma educativa, el respeto a las sentencias del Poder Judicial y la promoción de los derechos de las minorías no son la prioridad del presidente, como tampoco fueron parte de la agenda de los anteriores mandatarios. Es preciso recordar que temas como la ley universitaria o, incluso, la apertura democrática del 2000 se dieron como parte de un conjunto de hechos contingentes. Fueron iniciativas individuales o de grupos de interés que salieron adelante en medio de un contexto político favorable, contra la voluntad de quienes, después, las harían suyas.

Desde que empezó el actual quinquenio, los sectores institucionalistas (también conocidos como caviares) han entrado en pugna con el fujimorismo y el alanismo para influir en el gobierno. Hasta el momento los segundos han venido ganando, y nada parece indicar que las cosas cambiarán. La cuestión es simple, mientras que los institucionalistas buscan ejercer presión principalmente desde las redes sociales, columnas de opinión o a través de esporádicas manifestaciones callejeras (que, además, no pueden sostener por su carencia organizativa), sus rivales están en el Congreso, en los grupos de interés más importantes y en los medios de comunicación con mayor llegada. Los operadores políticos caviares (si acaso existen) no pueden lidiar con ellos. Frente a esta situación, el gobierno ha elegido seguir conciliando con los primeros, no (solo) por obsecuencia política, sino porque es consciente de su debilidad. Pese a ello, la estabilidad que tanto anhela es una quimera.

El recambio de Gabinete ha sido visto como una salida a la crisis política que vive el país. Sin embargo, como se ha mencionado, la oposición keikista necesita del caos para llegar al poder, y los institucionalistas no son una opción viable de gobierno en el juego político actual. Así, es altamente posible que los próximos años el país transcurra en una dinámica similar a la actual: medidas momentáneas para apagar el fuego, sin que desaparezca el material inflamable que lo provoca.