La salita de Hinostroza, por Fernando Cáceres

El presidente Martín Vizcarra acaba de poner al Congreso entre la espada y la pared. Y no lo ha hecho forzando una cuestión de confianza para disolverlo, como irresponsablemente pedían algunos, sino trazando una ruta a seguir. Amparándose en el artículo 118.6 de la Constitución, ha llamado a una sesión extraordinaria del Legislativo “a fin de que se debata y adopte un acuerdo sobre la remoción de todos los miembros que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura”, y ya ha creado una comisión de reforma del sistema de justicia.

La movida gira los reflectores hacia quienes pueden decidir la continuidad de los actuales consejeros; y pone sobre los legisladores la presión de optar entre dar el primer paso en la decisión correcta, o blindar a sus compadres para que no terminen hablando más de la cuenta. De paso, refresca el ambiente político y nos recuerda que aún existen pesos y contrapesos en nuestra débil democracia, que los parlamentarios no se han podido bajar.

Pero miremos ahora el contenido de algunos razonamientos de la Sala Penal Permanente de César Hinostroza (la salita de Hinostroza), para identificar si acaso los audios escuchados son solo desafortunadas expresiones, como dice un consejero, y no reflejan cómo se imparte justicia en el país.

Primero (Ica): Un menor de 7 años habría sido obligado por su tío a tener sexo oral, según el agraviado, su madre y una testigo; y la certificación de un médico y un psicólogo. La sala exculpa al denunciado porque el menor en el juicio se desdice, el informe médico no evidencia violación sexual (era oral) y una prueba psicológica indica que el denunciado era heterosexual y no mostraba signos de pedofilia.

Segundo (Madre de Dios): Una menor de 15 años con retardo mental sale embarazada. La agraviada, la madre y la abuela sindican al padre como violador. La sala desestima los testimonios porque la agraviada inicialmente se quedó en silencio (seguramente por miedo), y recién luego balbuceó que el encausado era el padre de su hijo. También porque la madre, si bien dijo que el autor sería el padre y que ya la había violado antes, en otra declaración dijo no estar segura de que él la hubiera violado en esa ocasión, y a que la abuela solo dijo “sospechar” que el autor fue el padre.

Tercero (Tacna): Un aparente esquema de robo de gasolina por oficiales con vehículos asignados se acredita con incongruencias entre la cantidad de gasolina asignada y colocada en cada vehículo, “abastecimientos” a vehículos inoperativos, y otros con choferes que estaban de franco. La sala indica que en cada ocasión quedaban registrados la identificación del efectivo, las características del vehículo y del abastecimiento, por lo que cualquier irregularidad habría sido reportada (¿?).

Cuarto (Lima): Una pareja habría sido víctima de un asalto violento, y entre las cosas robadas menciona un encendedor amarillo con la inscripción “Hoy es viernes”. Uno de los presuntos delincuentes es interceptado con el encendedor, pero la prueba es desestimada porque pese a que las características del encendedor encontrado eran las mismas, estas no figuraban en el acta policial, y el agraviado dijo que no fumaba cigarrillos.

Si a estos ‘razonamientos’ sumamos casos como el de Arlette Contreras, el tristemente célebre ‘te exculpo porque no pusiste en peligro su vida’, advertiremos que o la justicia penal está en manos de leguleyos, o es muy fácil torcerla.

Keiko Fujimori, la “presidenta” del Congreso, y Duberlí Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, están mudos o no tienen idea de cómo darle vuelta a una crisis que han contribuido ya a generar. Los voceros fujimoristas solo se dedican a apuntarle al ‘mensajero’ y al ‘complot caviar’. Es el momento de que Vizcarra siga poniéndose delante del país, porque es ahora cuando puede convertir la lucha contra la corrupción en su principal legado.