Este martes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, diversas municipalidades de Lima Metropolitana han reforzado sus centros de salud con atención médica a bajo costo. Segundo, el puente Santa Clara II, instalado hace casi 15 años como una solución provisional, se ha deteriorado significativamente debido a la falta de mantenimiento y al intenso tráfico vehicular en la zona. Tercero, Violeta Ruiz Sánchez, vinculada al Caso Waykis en la Sombra, habría presentado documentos falsos para ser designada subprefecta de Cajamarca.
🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢 SALUD A BAJO COSTO
Diversas municipalidades de Lima Metropolitana han reforzado sus centros de salud con atención médica a bajo costo. En Magdalena, Francis Allison inauguró la clínica municipal Corazón de María. Esta fue una promesa cumplida por el alcalde en la audiencia vecinal, organizada por El Comercio en el 2023. En los casos de Surco, San Borja y Ventanilla, se ofrecen los servicios con citas desde los S/10. Mientras que en Puente Piedra se encuentra en construcción el hospital municipal. Si bien estas iniciativas alivian la demanda en salud, es clave que el Estado garantice una cobertura de salud universal y de calidad para todos los ciudadanos.
🔴 ¿PARA SIEMPRE?
El puente Santa Clara II, instalado hace casi 15 años como una solución provisional, se ha deteriorado significativamente debido a la falta de mantenimiento y al intenso tráfico vehicular en la zona. Esta estructura, que conecta los distritos de Ate y Lurigancho-Chosica, presenta grandes agujeros que ponen en riesgo a más de 10.000 pobladores que utilizan el puente diariamente para evitar la congestión del puente Huachipa. A pesar de los informes sobre su estado crítico, las reparaciones siguen siendo insuficientes. El puente ‘provisional’ en un peligro constante para la comunidad.
🔴 DOCUMENTOS FALSOS
Violeta Ruiz Sánchez, vinculada al Caso Waykis en la Sombra, habría presentado documentos falsos para ser designada subprefecta de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca. Según el Eficcop, la operadora regional –de la presunta organización criminal que encabezaría Nicanor Boluarte– habría presentado un certificado de trabajo de una empresa minera que la compañía niega haber emitido. Esta designación vuelve a poner en duda los filtros de contratación del Ministerio del Interior y revela cómo supuestos criminales logran infiltrarse en el Estado.
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