¿Ley de industrias o de industriales?

Si algún proyecto de ley puede hacernos retroceder 30 años o más, es el proyecto de una nueva ley de industrias presentado por el congresista José Jerí. El proyecto reparte exoneraciones tributarias como quien reparte volantes de campaña, socavando los ingresos fiscales y distorsionando la asignación de recursos en nombre de un desarrollo industrial que por ese camino no va a llegar. Ningún otro proyecto que recordemos tiene tanta capacidad para destruir valor.

Hay de todo en los 124 artículos que lo componen, comenzando (artículo 3) con una reducción del 70% en el Impuesto a la Renta para empresas que reinviertan sus utilidades en alguno de los ocho sectores “estratégicos” o, mejor dicho, privilegiados. Hay depreciación acelerada (o sea, diferimiento de impuestos) para esos ocho sectores (art. 7); exoneración de Impuesto a la Renta, aranceles e IGV para todo tipo de industrias en zonas altoandinas y amazónicas (art. 16); incentivos para empresas que “articulen” a un número indeterminado de mypes (art. 20), para las proveedoras de insumos a los sectores privilegiados (art. 25) y para las que les compren sus productos (art. 27).

Hay también garantías de crédito para microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas (art. 29); deducciones impositivas por innovación tecnológica para proyectos de sostenibilidad y economía circular (art. 46); exoneración del IGV y reducción del Impuesto a la Renta por reinversión para empresas dedicadas a la electromovilidad (art. 54); deducciones tributarias, financiamiento a tasas preferenciales y subvenciones para la energía renovable (art. 57); incentivos fiscales para empresas de almacenamiento y transmisión eléctrica (art. 63); beneficios por reinversión de utilidades y depreciación acelerada (art. 73), además de deducciones especiales por la contratación de personal de “alto nivel” (art. 74), para las industrias digitales y del conocimiento, definidos de una manera tan amplia que abarca desde la producción de software hasta servicios jurídicos, contabilidad, consultoría empresarial, traducción, selección de personal, publicidad y otros.

El proyecto pone en peligro la estabilidad fiscal. Con tantos regímenes especiales, la política tributaria se vuelve inmanejable. El gasto tributario (o sea, el costo de las exoneraciones y otros beneficios) se va a las nubes. Pero eso no es todo y no es lo peor. La necesidad de controlar la sangría fiscal lleva inevitablemente a establecer condiciones para acceder a los beneficios. De allí a la corrupción institucionalizada hay solo un paso.

El problema fundamental con los incentivos tributarios es que, si bien promueven las actividades privilegiadas, destruyen valor y así empobrecen al país. Destruyen valor porque dirigen las inversiones y el capital humano hacia donde están los incentivos tributarios, desviándolos de otras actividades donde podrían producir los bienes y servicios que más valora la gente. La rentabilidad proviene del trato preferencial, no de la satisfacción de las necesidades del consumidor. Ese tipo de industria es particularmente vulnerable a la competencia, y tarde o temprano exige protección, no solamente contra las importaciones, sino también contra potenciales competidores locales, a los que hay que mantener fuera del mercado mediante licencias de producción y otros requisitos. La experiencia demuestra que las leyes de industrias no sirven para desarrollar la industria, pero sí para enriquecer a unos cuantos industriales.