Caos sin freno

El gran problema del sistema de transporte público de Lima es que no existe. El único sistema que tenemos es una maraña de agentes informales e ilegales que imponen sus normas en las pistas y normalizan actitudes delincuenciales en nuestras calles. El inminente fin de los corredores complementarios es el último golpe a una reforma del transporte que nunca tuvo el respaldo de las autoridades.

Hace apenas dos años, la campaña #NoTePases de El Comercio contó que por cada bus de un corredor pasan 12 colectivos informales. El contrato establecía la intangibilidad de las vías para que no circulen otros vehículos de transporte público, pero esto nunca se cumplió. En las rutas de los corredores pasan miles de colectivos todos los días, sin contar las combis y coasters que se llevan los ingresos del transporte formal. Lo mismo sucede con el Metropolitano.

La ATU no cumplió con fiscalizar de forma rigurosa el transporte informal en las vías exclusivas y tampoco instaló carriles segregados para que los buses dejen de zigzaguear entre los autos y circulen con mayor fluidez. La Municipalidad de Lima y la PNP no han mostrado mayor interés en apoyar el transporte formal. Varias investigaciones de este Diario han mostrado cómo los colectiveros de las principales vías, como la avenida Arequipa, pagan cupos para transitar. Las mafias les colocan stickers para identificarlos y les dan protección frente a cualquier operativo. La desidia y complicidad de las autoridades ha permitido que criminales se apoderen de nuestras calles e impongan la extorsión .

Pedro Castillo tuvo el descaro de nombrar a Juan Silva, un deudor de papeletas y exchofer de colectivo, como ministro de Transportes. El hoy prófugo Silva pactó con los informales y en esta tarea también tuvo el apoyo del Congreso que no solo promovió proyectos para extender hasta por 10 años las autorizaciones a todos los buses y combis de Lima y Callao, incluyendo los que deben millones de soles en papeletas, sino que también aprobó amnistías de multas para los peores choferes. Para colmo dieron luz verde para que las minivanes presten el servicio interprovincial en las carreteras del país.

Cada día ingresan al mercado peruano 25 minivanes. Una cada hora. Las más comunes en Lima son tan peligrosas que no las venden en el país donde las fabrican (China). No cuentan con una barra estabilizadora, no tienen frenos antibloqueos, no pasan las pruebas mínimas de seguridad y, sin embargo, no solo controlan la capital, sino que ahora también tomaron las carreteras.

Una de esas minivanes se volcó esta semana en la Costa Verde llevando escolares. No tenía autorización para prestar ese servicio. ¿Alguna autoridad abrió la boca? ¿Alguien se indignó al ver a los niños heridos? No pasó nada y no pasará nada hasta que los propios ciudadanos digan basta y reclamen de una vez por un transporte formal y seguro que ponga fin a este tinglado de sangre e impunidad que hemos normalizado.