Una interpelación no es, como lo ha definido recientemente el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, una “perturbación” al gobierno o al trabajo que realiza. Es una herramienta que tiene el Parlamento para exigirle respuestas al Ejecutivo por un asunto poco claro, sospechoso, grave o cualquier otro por el que la ciudadanía demande explicaciones. Y en esta administración situaciones así no escasean, por lo que, ante la negativa de la presidenta Dina Boluarte de darle entrevistas a la prensa, que los ministros acudan a responder por los cuestionamientos a este Gobierno no parece un exceso.
Así lo ha entendido una mayoría parlamentaria que el miércoles aprobó interpelar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, por los escolares que terminaron intoxicados tras ingerir alimentos del programa gubernamental Wasi Mikuna (ex Qali Warma). El escándalo es especialmente trágico por dos motivos: porque implica a niños de zonas especialmente vulnerables y porque no es la primera vez que ocurre durante este gobierno. A quien, sin embargo, no le ha parecido que la situación sea lo suficientemente grave como para que la titular del sector comparezca ante la representación nacional es a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), que votó en contra de la medida.
De hecho, APP también jugó un rol clave para evitar que el Legislativo aprobase las interpelaciones a los ministros Morgan Quero (Educación), Raúl Pérez Reyes (Transportes y Comunicaciones) y César Vásquez (Salud). En el caso de Quero, se buscaba interpelarlo para que, entre otras cosas, respondiera por las extorsiones que vienen sufriendo los colegios y por las medidas adoptadas tras el destape de las violaciones sexuales a las escolares awajún. En el de Pérez Reyes, las preguntas estaban relacionadas con las sucesivas postergaciones para la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y con el ruinoso estado actual de otros aeródromos en el interior del país. Y en el de Vásquez, militante de APP, se buscaba que diera explicaciones por la crisis que involucra al suero de Medifarma y por los sucesivos cambios a la cabeza de la Digemid que este destape había provocado.
A la bancada de César Acuña, sin embargo, no le parece necesario que los integrantes del gobierno tengan que dar explicaciones, como tampoco le pareció necesario hace poco que la fiscalía continuara con las investigaciones a la mandataria por el Caso Rolex.
En la práctica, APP se ha convertido en la responsable de que un Ejecutivo renuente a rendirle cuentas a la ciudadanía no tenga que darlas tampoco ante el Congreso. A quienes, no obstante, no podrán dejar de darles explicaciones en un año es a los votantes.
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