Dos días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, dio una noticia que todos sabíamos que era inevitable desde que se filtró a la prensa: el aumento de sueldo de la presidenta, de los S/15.000 actuales a los S/35.568 que pasará a obtener a partir de ahora. “Aquí no se trata de un nombre en particular, se trata de que al cargo de presidente le corresponde una retribución acorde a su alta responsabilidad”, argumentó el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, quien sugirió que la decisión del entonces presidente Alan García de reducir los salarios de un grupo nutrido de funcionarios (entre ellos, el suyo) fue en su momento demagógica.
Es cierto que el monto de la remuneración presidencial, que es menor al de otros cargos en el Estado Peruano, puede ser materia de discusión. Sobre ello caben pocas dudas. Lo que sí es indiscutible es que esa evaluación debe hacerse de manera transparente, sin secretos y sin tratar de ocultarle los pormenores a la ciudadanía que es, a fin de cuentas, la que sufraga ese salario con sus impuestos (impuestos que no pocas veces le suponen una serie de sacrificios). Y eso es precisamente lo que este gobierno ha hecho.
Para empezar, el plan solo fue revelado cuando la prensa lo dio a conocer. En un primer momento, se dijo que era una propuesta del MEF, pero luego se descubrió que el pedido provino de la PCM. Luego, cuando este Diario solicitó –a través de la Ley de Transparencia– toda la documentación concerniente al asunto, el gobierno puso el cerrojo y declaró que esa información era “confidencial”, una estratagema que semanas después la propia Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública dejó sin piso.
Pero, además de transparencia, este aumento también carece de otro ingrediente básico: el tino. A la presidenta Boluarte, por lo visto, le pareció prudente subirse el sueldo en momentos en que su aprobación se encuentra en niveles que ningún mandatario peruano registraba desde 1980: 3%. O hacerlo mientras, según Datum, un 70% de peruanos afirma que sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades (abril del 2025) y otro 86% considera que su situación económica sigue igual o peor que hace un año (junio del 2025).
A la frivolidad que ya se le conoce –con su debilidad por las cirugías estéticas y las joyas–, la mandataria le suma el descaro. Y damos por seguro que, como ya es costumbre, ni siquiera se esforzará por salir a explicarles a los ciudadanos el porqué de una decisión tomada sin transparencia y sin mesura.
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