Editorial: Blindaje

Ayer, tras una larga jornada, la Comisión Permanente del Congreso resolvió, principalmente con votos de Fuerza Popular (FP) y la célula parlamentaria aprista, no ratificar la recomendación de denunciar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el delito de organización criminal y encubrimiento personal, por sus presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. Tampoco se ratificó la recomendación de suspenderlo del cargo de fiscal supremo, ponerlo a disposición de la justicia ni su destitución e inhabilitación por 10 años. La acusación, presentada por el congresista Juan Sheput el 17 de mayo, había sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Con esto, el Congreso de la República, y en particular la mayoría que lo conduce (y sus aliados apristas), insiste en proteger a un funcionario que, desde que fue elegido como cabeza del Ministerio Público, solo logró acumular serias denuncias, proferir múltiples mentiras e interferir en la investigación del Caso Lava Jato. Todo esto, claro, en perjuicio de su investidura y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Nación como institución.

Es necesario recordar que es la segunda ocasión en los últimos dos meses que se decide archivar una acusación constitucional en su contra: en abril, de nuevo con votos de FP y del Apra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó archivar la denuncia contra Pedro Chávarry por la supuesta violación de las oficinas lacradas del Ministerio Público.

No obstante, sobran los indicios que colocan a Pedro Chávarry como uno de los principales involucrados en el delito mencionado. Este Diario reveló en enero de este año imágenes de las cámaras de seguridad del local donde se encontraba la oficina en cuestión. En ellas se ve cómo el otrora fiscal de la Nación se reunió con miembros de su seguridad y su entonces asesora Rosa Venegas minutos después de que estos ingresaron a los espacios lacrados. Tiempo después, la señora Venegas aseveró ante las autoridades que fue el mismo Chávarry el que le pidió que llevara a cabo la acción delictiva.

Y además, si bien estos hechos debieron bastar como muestras palmarias de que las acciones de Chávarry en torno al caso mencionado merecían, por lo menos, una investigación seria, son apenas unos cuantos componentes de la plétora de acusaciones y cuestionamientos que pesan sobre el otrora fiscal de la Nación, y que, según el informe archivado ayer, lo sindican como miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto. Como se sabe, al fiscal supremo se le acusa de haber mentido sobre su relación con César Hinostroza y Antonio Camayo, así como de adulterar sus notas para ser ratificado en el cargo, remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial a cargo del Caso Lava Jato entre gallos y medianoche, y un largo etcétera.

Con todo esto en mente, lo sucedido ayer significa un enfático insulto a la ciudadanía y se suma a la lista de afrentas repartidas por el Congreso en la forma de blindajes al ex fiscal de la Nación. Desde que comenzaron las serias acusaciones contra Pedro Chávarry, los procesos del Parlamento –el único que puede hacer que su caso sea revisado por las autoridades judiciales gracias a la figura del antejuicio político, que lo protege por su calidad de fiscal supremo– han avanzado con pies de plomo, marcados por la desidia (gracias a congresistas que se ausentaban de las sesiones que abordarían el tema y que optaban por archivar las denuncias cuando sí se reunían) y la simple voluntad política de proteger a un claro aliado (como quedó meridianamente claro por el chat La Botica).

Lo de ayer fue la gota que quiebra el vaso y ojalá que, a la hora de presentarse a las urnas en el 2021, las agrupaciones políticas envueltas en este acto enfrenten las conclusiones que se lleva la ciudadanía.