Editorial El Comercio

Un informe del grupo de análisis político 50 + 1 divulgado ayer ha revelado que en solo 15 sesiones de los llamados ‘consejos de ministros descentralizados’, celebradas entre octubre del año pasado y el 14 de este mes, el Ejecutivo le ha hecho a la ciudadanía 238 promesas. Algunas de ellas de carácter regional y otras que abarcan todo el territorio nacional, pero todas difíciles –cuando no imposibles– de cumplir. Particularmente, si se tiene en cuenta la escasa formación técnica y la poca eficacia que han demostrado hasta ahora los funcionarios que este Gobierno ha llevado a la administración pública.

De esas 238 promesas, además, 44 fueron ofrecidas específicamente por el presidente e incluyeron asuntos de concreción tan improbable como el ingreso libre a las universidades o la “segunda reforma agraria”. El resto corrió por cuenta del presidente del Consejo de Ministros o de los titulares de carteras como Desarrollo Agrario, Educación o Energía y Minas, pero no por ello luce más verosímil.

En general, los ofrecimientos han girado en torno a materias de infraestructura, medidas anticorrupción y mejoras en la educación, asuntos siempre sensibles en el interés de la ciudadanía, por lo que una eventual frustración de las expectativas generadas tendría un costo político considerable.

Nada de esto, sin embargo, daría la impresión de preocupar por el momento a la actual administración, que ha acometido el empeño del que aquí damos cuenta con un ánimo de campaña. ¿Qué puede parecerse más, en efecto, a una gira proselitista que ir de región en región a ofrecer soluciones a los problemas que mayor preocupación generan entre la población local sin entrar en detalles sobre los mecanismos para lograrlo? Y si, como sucede en las circunstancias a las que aludimos, adicionalmente se aprovecha la ocasión para cargar contra críticos y opositores al Gobierno, el paralelo es evidente.

Como se sabe, los supuestos ‘consejos de ministros’ celebrados en el interior del país han sido escenario de ataques de los voceros del Ejecutivo al empresariado y a las labores fiscalizadoras del Congreso y la prensa. De acuerdo con el discurso desplegado en esos cónclaves frente a una claque reunida expresamente para la ocasión, si el presidente enfrenta hoy una investigación por supuestamente liderar una organización criminal es porque los medios de comunicación capitalinos y determinadas instancias judiciales o fiscales le imputan hoy esos cargos sin pruebas. Si los productos de la canasta básica familiar no dejan de subir es porque hay “monopolios y oligopolios” que establecen esos precios a su antojo. Y si las iniciativas lanzadas desde Palacio no prosperan es porque un Congreso “obstaculizador” no les da prioridad o se opone abiertamente a ellas. Las intenciones del gobernante, en suma, serían un ejemplo de virtud y solo una conspiración de quienes se empecinan en negarlo estaría impidiendo que se materializaran…

El problema con ese permanente ejercicio retórico de ofrecimiento soñador y posterior victimización, no obstante, es que se agota rápido. Sobre todo, si el hambre asedia y las señas de la corrupción en el Estado afloran en cualquier lugar al que uno vuelva la vista. Y hace tiempo que esas dos condiciones empezaron a cumplirse entre nosotros.

El mandatario, pues, no puede seguir en campaña. Tras once meses de haber asumido el poder, las excusas para no gobernar han dejado de brindarle oxígeno político, y anunciar “sorpresas” para el mensaje de 28 de julio, como recientemente ha hecho, constituye apenas una variante del mismo recurso.

¿Qué va a ocurrir cuando la gente de las regiones y de la capital termine de comprender que nada o casi nada de lo prometido se va a concretar? ¿Que el aeropuerto en Huancavelica, el hospital en Ayacucho o las 4.000 “casas calientes” en Puno son castillos en el aire que el jefe del Estado le vendió sin pudor? Pues que el que estará en el aire y con una base de apoyo cada vez más estrecha será él. Y, terriblemente, todo parece indicar que hacia allá vamos.

Editorial de El Comercio

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