Y no se va...

Como no sea fugándose, Pedro Castillo no tiene cómo dejar su encierro en el futuro cercano. A raíz de su golpe incompetente, tiene una condena de más de 11 años de cárcel efectiva por conspiración para la rebelión que todavía va para largo. Y por el caso “Puente Tarata”, asociado más bien a su presunta participación en una organización criminal, pesa sobré él una prisión preventiva que se extiende hasta marzo del próximo año. Ahora bien, desde hace meses, se viene especulando en la opinión pública sobre la posibilidad de que Balcázar le conceda un indulto a propósito de lo primero. Pero esa posibilidad choca con algunos ingratos elementos de realidad. En primer lugar, la sentencia –que es de primera instancia– tendría que estar consentida y no apelada, como en efecto está. Una sentencia no puede estar simultáneamente consentida y apelada, tal como el pollo de su famosa parábola budista no podía estar vivo y muerto al mismo tiempo.

Además, para poder otorgar el indulto, el individuo que ciñe por estos días la banda presidencial tendría que contar con un informe previo de la comisión de gracias presidenciales –un requisito cuyo resultado no lo compromete, pero que no puede ser omitido y que, hasta el momento, no se ha cumplido– y con la firma del ministro de Justicia: un detalle al que el actual titular de esa cartera se resiste. Entre tanto, por el camino de la gracia presidencial, la cosa no luce mejor. Esta solo puede ser concedida cuando los plazos de un proceso legal exceden límites que, en lo que a Castillo concierne, no han sido excedidos. Así que, por gracioso que se sienta, en las actuales circunstancias, Balcázar simplemente no puede apelar a ese recurso. Que le pregunte, si no, a Hegel.

–Puente demasiado lejos–

De otro lado, aun si el precario inquilino de Palacio pudiera superar mágicamente todos estos problemas y otorgarle el indulto a su chochera, este seguiría encarcelado, pues la ya mencionada orden de prisión preventiva por el caso “Puente Tarata”, solo puede ser levantada por el Poder Judicial, no por el presidente. Por último, las inexploradas rutas constitucionales para lograr la libertad del golpista de Chota de las que le ha hablado el excandidato Jorge Nieto a la futura conductora del Ejecutivo, Keiko Fujimori, sencillamente no existen. Los cambios a las normas que rigen la prisión preventiva tendría que hacerlos el Legislativo, que, como se sabe, es un poder del Estado distinto. Adicionalmente, la circunstancia de que nuestro penoso exmandatario estuviera camino de la embajada de México cuando se lo detuvo el 7 de diciembre del 2022, insinúa un cierto peligro de fuga que haría poco recomendable retirarle la detención. Los otros exgobernantes que purgan prisión en el Fundo Barbadillo, en consecuencia, podrían entonarle al profesor ese cántico de “y no se va…” que se escucha en los estadios cuando los aficionados no quieren que un jugador se retire de las canchas.

Agotados los argumentos del no hay cómo sacar a Castillo de la cárcel, conviene finalmente visitar también los del no hay por qué. Y uno de los más socorridos por los que proponen hacerlo para “pacificar el país” es el que sostiene que muchos de nuestros compatriotas creen de modo equivocado que él fue la víctima y no el autor del golpe que acabó con su presidencia. Lo que sugieren pues, en buena cuenta, es algo así como darle la razón al loco para tranquilizarlo… Ojalá la señora Fujimori entienda que acceder a esos pedidos una vez que esté instalada en la casa de Pizarro no sería percibido como un gesto, sino como una mueca.