Designaciones sin tino

Cambiar ministros suele ser para los gobiernos una forma de ganar oxígeno político. Y si uno revisa las encuestas, resulta claro que tal oxígeno estaba siendo requerido con urgencia por este Ejecutivo. Por eso, el sábado pasado, el anuncio de movimientos en el equipo ministerial dio la impresión de ser una muestra de reflejos –algo tardíos, pero reflejos al fin– de parte de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Bastaron, no obstante, solo horas para que la prensa detectara los problemas que venían con varias de esas nuevas designaciones.

En lo que concierne al flamante ministro de Justicia, Daniel Maurate, en realidad, alguno de esos problemas se conocía desde antes de la juramentación. Nos referimos al hecho de que, en el 2011, hubiera sido acusado de la presunta alteración de su hoja de vida cuando ejercía la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en ese entonces Discamec, hoy Sucamec). En rigor, esa circunstancia tendría que haber sido motivo suficiente para descartarlo como futuro integrante del Gabinete. Pero la presidenta y el primer ministro consideraron, al parecer, que eso no constituía realmente un inconveniente para incorporarlo al equipo de gobierno, y procedieron al nombramiento.

Lo que se supo después con respecto a él mismo, sin embargo, agravó seriamente la figura: un informe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la policía, dado a conocer por Epicentro TV, reveló que existen más de 180 llamadas entre Maurate y diversos investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Un caso que, como se recuerda, puso en evidencia el funcionamiento de una extendida mafia en el sistema de justicia de nuestro país, por lo que las perspectivas de tener en el referido despacho a una persona de esas características encendieron inmediatamente las alertas ciudadanas, y el cuestionamiento le fue trasladado al jefe del Gabinete con la esperanza de generar una reacción automática. Otárola, empero, trató de salir del paso argumentando que se trataba de “una noticia en desarrollo” y añadió: “Espero los descargos del ministro Maurate y vamos a hacerle un seguimiento especial a esto”.

Horas después, por otro lado, se supo que, además de Maurate, otros dos de los funcionarios recién integrados al equipo ministerial han estado incluidos en investigaciones fiscales: la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez (quien no ha aclarado si esos casos han sido archivados o siguen en curso), y el nuevo responsable del sector Trabajo, Antonio Varela Bohórquez (quien tiene una investigación archivada por el presunto delito de colusión).

¿Sabían todo eso la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros antes de ir adelante con las designaciones? En muchos casos, sí, porque si los propios funcionarios en ciernes consignaron estos datos en sus declaraciones juradas, es evidente que el Gobierno podría haberlos conseguido por sus propios medios o siquiera haberles preguntado directamente a los designados antes de tomar una decisión final. En lo que toca a las llamadas entre Maurate y los investigados por el Caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, en cambio, es de suponer que estas no figuraban en declaración alguna del implicado en ellas… Pero si la prensa pudo enterarse de su existencia en menos de 24 horas, es evidente que las máximas autoridades del Ejecutivo también podrían haberlo hecho con un chasquido de los dedos.

De manera que, en el mejor de los escenarios, estamos aquí ante una situación de desidia que ha llevado a un gobierno que ya estaba en problemas a incurrir en nombramientos desatinados. Es decir, que, en lugar de ganar oxígeno político, lo ha perdido. No olvidemos que una de las áreas en las que pocos discutían que esta administración era bastante superior a la de Pedro Castillo era la de la calidad de los ministros: justamente aquello que ahora ha sido puesto en entredicho.

A juzgar por las declaraciones de ayer del jefe del Gabinete, por último, parece que la reacción del Ejecutivo en este caso, si la hay, será tardía. Para cuando la noticia termine de desarrollarse, el daño a su imagen y credibilidad será enorme.