Detrás de cámaras y actores de reparto

Un video divulgado en “Panorama” este domingo por la noche resultó la antesala perfecta de la decisión que tomó ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso: aprobar el informe final que acusa a la expresidenta del Consejo de Ministros Bettsy Chávez, así como a los exmiembros de su Gabinete Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), de presunta coautoría en los delitos de rebelión y conspiración, en relación con el golpe de Estado que el 7 de diciembre del año pasado encabezó el entonces presidente Pedro Castillo.

El video en cuestión es una especie de “detrás de cámaras” del mensaje con el que el actual inquilino del penal de Barbadillo anunció su asalto al orden constitucional y sirve para echar por tierra varias coartadas que los defensores y secuaces del golpista han ensayado en su afán de zafar las responsabilidades que a cada cual toca a raíz del ‘putsch’. Por un lado, desbarata la teoría desfachatada de que él estaba bajo el influjo de alguna sustancia extraña cuando proclamó la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y el Tribunal Constitucional, y la instauración de un “régimen de emergencia”.

Las imágenes y el audio del diálogo de Castillo con quienes estaban asistiéndolo en los preparativos del mensaje muestran, en efecto, a una persona en pleno dominio de sus facultades y hasta deleitándose anticipadamente por lo que estaba por suceder. Y retratan asimismo el rol que jugó la entonces titular del Gabinete en medio de todo ese trance: la de correveidile del frustrado dictador. Así, es probable que, cuando ayer los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votaron el informe elaborado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), basado a su vez sobre una denuncia constitucional presentada al Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el video aludido haya pesado en su decisión.

El informe, como se sabe, obtuvo 17 votos a favor y solo dos en contra (amén de una abstención), lo que da una idea de la contundencia de los indicios que lo sostienen. En el caso de los otros dos exministros comprendidos en la acusación, los elementos a la vista no son igual de comprometedores, pero ya las siguientes instancias –la Comisión Permanente y el pleno del Congreso– se encargarán de hacer un deslinde entre el primer caso y los otros dos si es que hiciera falta. Pero lo que no puede ocurrir es que los responsables del zarpazo contra la democracia que se intentó el 7 de diciembre pasado, protagonistas o actores de reparto, queden sin sanción.

Si en este Diario seguimos editorializando al respecto tres meses después de producido el hecho es precisamente porque consideramos que ese atropello no puede ser pasado por agua tibia o juzgado como un pecado venial, tal y como pretenden algunos de los defensores del golpista y sus cómplices. La circunstancia de que la arremetida usurpadora fuese rápidamente conjurada y viera sus propósitos más graves interceptados no cambia la situación un ápice.

El compromiso con el sistema democrático de quienes dejaron de obedecer las órdenes de Pedro Castillo no puede servir como pretexto para subestimar o ignorar el empeño delictivo de quienes activaron los mecanismos para cambiar un régimen constitucional por una tiranía. Menos ahora que los hemos visto y oído mientras afinaban los preparativos de tan infame acto. Que todo el peso de la ley y todo el oprobio que merecen caiga sobre ellos.