Difiere pero no observa

Al Ejecutivo los plazos más importantes se le vencen sin descanso. Ayer comentábamos aquí la extinción del que tenía para la presentación del Gabinete Zeballos ante el Congreso, y hoy debemos abordar el cumplimiento del que disponía para observar la ley aprobada por el Parlamento el 3 de abril pasado para permitir el retiro de hasta el 25% de los fondos personales de las AFP. Ese plazo se venció ayer y, ante la abdicación de la actual administración al ejercicio de la atribución que mencionamos, el Congreso ha procedido a promulgar una ley de cuyas consecuencias negativas ya han advertido las voces expertas.

Observar una norma emitida por el Legislativo no es desde luego un trámite obligatorio para el Ejecutivo, pues podría ocurrir que esté esencialmente de acuerdo con lo que una determinada iniciativa parlamentaria propone. Pero si no lo está –y en este caso eso es claramente lo que sucedía–, la observación deviene deber. Un deber que hunde sus raíces en la función de contrapeso que la Constitución le asigna frente a los otros dos poderes del Estado.

El presidente Martín Vizcarra manifestó su discrepancia con la esencia de la medida que nos ocupa cuando fue inicialmente aprobada por el Legislativo (“Hacer un retiro parcial [de las AFP] no va a apoyar a personas que son vulnerables realmente”, dijo a principios de abril) y la reiteró el miércoles. Al anunciar un nuevo decreto de urgencia para permitir el retiro de S/3.000 de las cuentas individuales de las AFP, adicionales a los S/2.000 que ya se había autorizado a retirar, señaló: “Eso difiere con la propuesta del Congreso de la República, que permite sacar una cantidad cercana a los S/13.000. Nosotros creemos que eso permitiría que quizás puedas tener el dinero ahorita […], pero de acá a unos años, cuando requieras tu fondo de pensiones, ya no lo tienes. Y en ese momento ya no va a haber quién asista a esa persona”. “Por eso no estamos de acuerdo con la medida exacta”, agregó.

A su turno, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, había expresado también su parecer sobre la materia. “Estos retiros masivos de casi 5% del PBI, si fuera el caso del retiro del 25%, podrían afectar el valor de los fondos de las personas que se quedan [en el sistema]. No quisiéramos una medida que al final afecta a los fondos de todos los afiliados”, apuntó en una conferencia de prensa tras su reunión con la Junta de Portavoces del Congreso, el 31 de marzo pasado.

De manera que el desacuerdo del Ejecutivo con la norma está fuera de toda duda… y, sin embargo, no la observó.

La pregunta de por qué actuó de esa forma tiene varias respuestas posibles. La más sencilla, la eventualidad de que exista de parte del presidente un cierto temor a enfrentarse al Legislativo. Nos parece, no obstante, que esa hipótesis es descaminada. El mandatario ha demostrado ya que, cuando le parece conveniente, el instinto para atacar al Parlamento no hace falta. Lo que daría la impresión de faltarle, más bien, es la capacidad de negociar y tender puentes que faciliten la desactivación de lo que a sus propios ojos es negativo para el país.

El temor, en realidad, parecería ser al costo en popularidad que ir contra la iniciativa le acarrearía. “No la suscribo, pero tampoco la bloqueo” sería más o menos el razonamiento detrás de la omisión. Así no sufre hoy el impacto político de resistirse a una medida largamente favorecida en las encuestas y si mañana esta se revela desacertada, tampoco tiene que cargar con la culpa: todo lo contrario a lo que tendría que hacer un estadista en las presentes circunstancias.

Cuánta ligereza, cuánta frivolidad.