Editorial: Funcionarios multiusos

Ayer, en el diario oficial “El Peruano”, se publicó la resolución suprema que nombra al expresidente del Consejo de Ministros (PCM) Vicente Zeballos representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como era previsible, la designación despertó ciertas críticas, por un lado, entre quienes la veían como una “compensación” a Zeballos por la lealtad adamantina que siempre ha mostrado hacia el presidente Martín Vizcarra y, por el otro, entre quienes cuestionaban su falta de credenciales para desempeñar dicha labor. Más aún cuando resulta inverosímil creer que en todo el país no haya diplomáticos con mayor experiencia que han sido descartados del puesto porque ha primado una motivación de otra índole. Y hay que reconocer que ambos cuestionamientos son difíciles de rebatir.

A modo de respuesta, el también excongresista compareció temprano en RPP para defender su nombramiento. Sobre las primeras críticas, sostuvo Zeballos, el mandatario “está haciendo uso de una potestad constitucional”. “La propia normal constitucional establece, en el [artículo] 118, que quien dirige la política exterior es el presidente de la República”, añadió, para luego enzarzarse en un recuento de otros nombramientos políticos en puestos diplomáticos efectuados en gobiernos anteriores. Como sabemos, empero, que algo sea legal no significa que sea idóneo. Lo que es peor: ese razonamiento legalista (“la ley no lo prohíbe”) suele ser un refugio al que acuden los discursos que no pueden dar mejores argumentos.

En cuanto a los cuestionamientos del segundo tipo, Zeballos narró: “Fui becario del aquel entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana. Hice durante un largo año estudios de especialización en Derecho Internacional Público. También soy docente universitario por más de diez años en la materia de Derecho Internacional Público. He sido durante ocho años congresista, gran parte de ese tiempo he sido integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores”… y resumió: “o sea, en cuanto al ‘expertise’, más allá de la modestia, lo tengo”. Aquí solo cabe decir que, si con esos antecedentes basta para representar al país en la OEA, entonces es evidente que hay que elevar los estándares.

Pero la cuestión no es solo si el nombramiento de Zeballos –cuyo paso por la PCM, además, difícilmente pueda contar como una constatación de sus dotes para la administración pública– es una medalla del Gobierno por sus ‘servicios prestados’ a este (todo hace creer que lo es). Lo más preocupante es que es apenas el último episodio de una saga de antiguos funcionarios que tuvieron que dejar sus cargos en medio de alguna polémica… solo para luego ser ‘reciclados’ en algún otro lugar.

Ahí está, por ejemplo, el recuerdo del exministro de Cultura Francisco Petrozzi, que tuvo que dimitir luego del controversial despido de Hugo Coya como presidente del Instituto de Radio y Televisión, para posteriormente ser nombrado agregado cultural de la Embajada del Perú en Alemania. O el del extitular de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo, que tuvo que dejar del cargo en una primera oportunidad en abril del 2019, en medio de críticas por el incendio de un bus en el que murieron 17 personas y que se encontraba en una terminal que había recibido autorización de su ministerio, y que fue renombrado en el mismo puesto seis meses después. O más recientemente, la designación –aunque finalmente dejada sin efecto– del exministro de Salud Víctor Zamora como consultor de la PCM en la estrategia de lucha contra el COVID-19; una materia en la que su gestión dejó pocas cosas para rescatar.

Por supuesto, no se está cuestionando acá que un funcionario que antes se desempeñó en un cargo equis no pueda posteriormente desempeñarse en otro… siempre y cuando su nombramiento responda a sus méritos y no a la devolución de algún favor o a su cercanía con el mandatario. En el caso que nos ocupa, parece que ha primado lo último.